Consorcio para el
Derecho Socio-Ambiental
De las múltiples caracterizaciones que se puede dar a la sociedad contemporánea, una de las más importantes es la de tener a su alcance las herramientas conceptuales, metodológicas y operativas necesarias para registrar, medir y evaluar el rendimiento de prácticamente cualquier, plan, proyecto o emprendimiento que desarrollen las organizaciones públicas, privadas o comunitarias y, en general cualquier grupo formal o informal de la sociedad civil. Esto permite anticipar el éxito de una intervención o conocer si los esfuerzos institucionales para resolver sus problemas o lograr sus objetivos, podrían verse afectados por situaciones que no fueron previstas al momento de planificarlos, o que fueron subestimados durante su ejecución.
La evaluación en general es un proceso de valoración crítica tendiente a determinar si una acción para el desarrollo, sea un plan, proyecto o programa, en marcha o ya concluidos, han logrado los objetivos planificados y los cambios socioeconómicos o culturales esperados. De esta manera se busca conocer que cambios se requieren realizar para que ese proyecto o intervención cumpla sus objetivos y qué tan oportuno ha sido éste para solucionar una problemática determinada.
La evaluación como herramienta de análisis para conocer el desempeño de un proyecto o programa, se aplica a virtualmente todas las formas de ejercicio institucional, sea en el ámbito privado como en el público. Sin embargo, sobre las políticas y la legislación, aspectos medulares de la conducción regulación y control de las sociedades, no existe la percepción de que son ejercicios públicos que deberían ser evaluados y menos que esa evaluación sea de manera periódica. Esta percepción proviene básicamente de la idea de que la evaluación solo tiene que ver con proyectos temporales orientados al desarrollo socioeconómico o a cumplir metas específicas de las instituciones o gobiernos, y no con aspectos de política o legislación que se consideran elementos que solo pueden ser alterados mediante ejercicios político-partidistas, sin la acción sistemática de verificación de sus resultados.
Byron Real
Asesor legislativo (Despacho del Asambleísta César Carrión). Miembro de EvalEc, Red de Evaluadores de Ecuador.
Lawyer and Anthropologist (Pontificia Universidad Católica del Ecuador 1988
– University of Florida 2006). byronreal@gmail.com
Red de Evaluadores de Ecuador
EvaluEC
¿Se deben evaluar las políticas públicas y la legislación?
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Red de seguimiento, evaluacion y sistematizacion en America Latina y el Caribe ReLAC
No obstante la percepción indicada, las políticas públicas y la legislación son también ámbitos de gestión que deben ser evaluados y más aún si se considera que son instrumentos que orientan y regulan la actividad de sectores socioeconómicos de un país, ciudad o región. La evaluación normativa y legislativa no solamente apunta hacia la determinación de aspectos técnicos, sino también como uno de los aspectos de fortalecimiento y profundización de la democracia.
Los elementos básicos que animan a la evaluación de las políticas y legislación son los de determinar si ellas se adecuan a las finalidades para las que han sido instituidas; conocer si estas han generado los efectos buscados en el ámbito territorial o social correspondiente; y, verificar si ese cumplimiento de objetivos y metas se los logra con niveles aceptables de costo-eficiencia. Así, los resultados o hallazgos de una evaluación ayudarán a los organismos que emitieron o aplicaron esas políticas públicas a determinar si se requieren cambios o ajustes en ellas para mejorarlas y simplificar su aplicación. De particular importancia es la evaluación normativa en áreas de gestión pública en las que se deben manejar recursos naturales renovables o no renovables, sean de carácter forestal, marino-costero, la gestión de riesgos, las regulaciones de construcción, entre otras que determinan la seguridad ambiental y humana de las poblaciones. Las políticas y legislación deben someterse a evaluaciones o revisiones periódicas para establecer si responden o no de manera adecuada a los objetivos, los planes o los acuerdos democráticos que el Estado, una ciudad o provincia, se han planteado.
Típicamente, la evaluación legislativa o de la política pública busca determinar los siguientes aspectos:
• Eficacia: si la norma logró el objetivo buscado a través de ella;
• Eficiencia: si el logro de los objetivos fueron con costes y beneficios socialmente razonables;
• Pertinencia: si la norma o pieza de política pública está respondiendo a las necesidades del sector social meta;
• Coherencia: si los mecanismos establecidos en la norma o política se articulan de manera adecuada con otras
acciones gubernamentales o institucionales.
En el Ecuador la evaluación es una práctica aún marginal y, de manera específica, la evaluación de normas y políticas, es todavía desconocida. Por este motivo es necesario que de cara a los desafíos que plantean las demandas de cambio social y económico, los problemas ambientales y las vicisitudes generadas por los riesgos naturales y antropogénicos, entre otros, se tenga a la evaluación de políticas y legislación como un ejercicio de transparencia y mejoramiento de la gobernabilidad y en general, de perfeccionamiento constante de la democracia.
