Consorcio para el
Derecho Socio-Ambiental
Consorcio para el Derecho Socio-Ambiental
Consorcio para el Derecho Socio-Ambiental
EMail
Envienos EMail
Fauna - Ecuatorianischer Regenwald
Ecuatorianischer Regenwald
Fotos - Photos - Bilder
Abogados
Otros Profesionales
Portada
Foro Derecho Socio-Ambiental
Contáctenos
Consejo de Gobierno - CONAIE
Luis Macas. Presidente
Santiago de la Cruz. Vicepresidente
Miguel Guatemal. Dirigente de Organización
Vicente Pujupat. Dirigente de Educación
Carolina Mite. Dirigenta de Mujeres
Manuel Castro. Dirigente de Comunicación
Efrén Calapucha. Dirigente de Tierras
Evelio Gende. Dirigente de Juventud
Rafael Pandam. Dirigente de Relaciones Internacionales
Manuel Gualán. Dirigente de Salud

Equipo Técnico
Christian Biederbick
Tatiana Escobar
Alfredo Luna
Gonzalo Miñaca
Paulina Palacios
Ariadna Reyes Ávila
Klaus Schenck
Floresmilo Simbaña
Edwar Vargas Araujo
Mariana Yumbay

Colaboración especial

Marcelo Orellana

Organizaciones de apoyo
IBIS
Foro de Soberanía y Ecología Política, FOSEP
Taller Jurídico

SOMOS PARAMO, SOMOS SELVA,
SOMOS ISLAS ENCANTADAS,
SOMOS PUEBLOS, SOMOS CULTURAS.
DEFENDEREMOS LA VIDA,  EL AGUA Y LA TIERRA
NADIE HARA DE NUESTRA VIDA MERCANCIA
NO ESTAMOS EN VENTA
NI ESTAMOS PARA ADORNAR MUSEOS

AQUÍ  ESTAMOS,
JUNTOS PODEMOS
AQUÍ NOS QUEDAMOS
           INDICE
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador - CONAIE

INFORME
Derechos Humanos, Nacionalidades  y Pueblos Indígenas en el Ecuador


Quito, abril de 2006
Vulnerabilidad Social y Riesgo
I.Introducción

1.Persiste la discriminación: En las últimas dos décadas, a pesar de los avances formales en materia de reconocimiento de los derechos colectivos y del relativo fortalecimiento de una institucionalidad pública dirigida a promoverlos, protegerlos y hacerlos efectivos, la situación de los pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador no ha variado significativamente. Por el contrario, el empobrecimiento y el deterioro de las condiciones de vida son mayores. Las brechas de discriminación persisten y nuevas formas de violencia y segregación se han hecho presentes.

2.Responsabilidad Estatal: El Estado ecuatoriano es debilitado por el proceso de ajuste y reforma estructural.  Sus instituciones se muestran insuficientes al momento de incorporar como política de Estado la igualdad en la diversidad. Por el contrario, el Estado alienta prácticas institucionales, corporativas, económico-financieras, de justicia y de ejercicio de la autoridad que vulneran los derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas.

3.Vulnerabilidad creciente: La vida, la integridad personal y la autodeterminación, como bienes supremos de los pueblos y nacionalidades indígenas son amenazados continuamente por factores exógenos, provenientes especialmente de la introducción de actividades económicas intensivas o extensivas en los territorios donde habitan, y de políticas de usufructo territorial y efectos derivados del Plan Colombia en las comunidades de la Frontera Norte. La extinción de pueblos en aislamiento voluntario , el desplazamiento forzoso de sujetos (especialmente mujeres) y comunidades de sus territorios, la compra ilegal de tierras, la invasión agresiva de modelos culturales y económicos del todo extraños a las cosmovisiones de cada nacionalidad y pueblo, la explotación de las mujeres y adolescentes en condiciones de servilismo o comercio,  el usufructo indebido de saberes colectivos y bienes indígenas, son consecuencias de estos procesos.

4.Modelo y pueblos indígenas: El avance del modelo económico centrado en el mercado tiene repercusiones negativas en la vida de los pueblos y nacionalidades indígenas. Las intervenciones de las empresas transnacionales de extracción de recursos naturales renovables y no renovables, de información, de las agencias multilaterales de crédito, la cooperación internacional y las organizaciones no gubernamentales signadas por modelos centrados en las estrategias de expansión de mercados y explotación de recursos, ocasionan graves lesiones en los pueblos y comunidades. La corriente principal de desarrollo que circula con la lógica de estos agentes se contrapone de modo esencial a la lógica de desarrollo de los pueblos y nacionalidades indígenas donde los derechos básicos a la vida, la tierra, los recursos, la cultura, la identidad y la libre determinación, son su corriente principal.

5.Violencia de Estado: La segregación y la violencia consolidada por el Estado en contra de las formas socio-organizativas y los liderazgos indígenas del país ha tocado su punto más álgido en las movilizaciones indígenas del último quinquenio. Esto se refleja en la persecución de individuos por el solo hecho de ser indígenas o por portar cualquier signo de identidad. Además se visibiliza en el establecimiento de Estados de Emergencia que cobijan la persecución, el abuso de la autoridad y el fomento del racismo.

6.Deber y derecho de la CONAIE: La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, en ejercicio de su derecho a la promoción, protección y defensa de los derechos que a las mujeres y hombres pertenecientes a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador les asisten, emite su informe respecto a la situación de sus derechos humanos, teniendo como fundamento los instrumentos internacionales de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos con mecanismos o no para la vigilancia de su cumplimiento  así como otros instrumentos internacionales vigentes para el pueblo del Ecuador .

7.Límites del presente informe: El presente informe lamentablemente no realiza una aproximación exhaustiva de la situación de los Derechos Fundamentales de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador. Es un primer esfuerzo encaminado a dar cuenta de los aspectos generales de conculcación de derechos que inciden dramáticamente en la vida de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, dando cuenta al mismo tiempo, de algunos de los casos documentados y que serán visitados por el Señor Relator de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, en el transcurso de esta primera visita.

8.Casos presentados: Los casos que se presentan como emblemáticos en el presente informe han sido recogidos en base a diversos criterios que han posibilitado un análisis mayor desde el equipo técnico multidisciplinario de la CONAIE. Pretenden dar cuenta de una realidad que amenaza al conjunto de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador y las limitaciones para el ejercicio real de sus Derechos Fundamentales. Lamentablemente de estos casos se puede desprender una lectura general que puede implicar realidades similares, modelos que se están gestando en los cuales la exclusión de lo indígena podría ser una constante.

9.Compromiso de seguimiento: La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE pretende con este informe dar inicio a la sistematización de la problemática que la exigibilidad del conjunto de los Derechos Humanos implica en el Ecuador, y se compromete, a actualizar el presente documento para seguir avanzando en la defensa de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador.

10.Plurinacionalidad: Cuando este informe exprese la Plurinacionalidad, se entenderá que: Es la organización jurídica-política del Estado con capacidad cuyas estructuras permita y estimule la participación directa de todos los sectores sociales, de los pueblos y nacionalidades existentes dentro de su territorio. Las estructuras de Estado plurinacional buscan principalmente: 
Ruptura democrática con el actual Estado uninacional y la construcción de uno plural que permita la participación de los pueblos indígenas y la sociedad en general  en su organización y conducción.
Superar las desigualdades económicas como fundamento básico para la superación de toda explotación y discriminación.
Transformación de la organización socio-cultural de la sociedad ecuatoriana  que se asienta sobre la base del racismo, la segregación. La construcción de una sociedad basada en la tolerancia y la interculturalidad.
La autonomía, dentro del Estado ecuatoriano, de los pueblos u nacionalidades  indígenas.   
Este proyecto no puede resolverse sino en el marco nacional, es una propuesta desde los pueblos y nacionalidades indígenas, pero necesita de la participación de la sociedad en su conjunto para su realización. 

11.Territorios: Para todos los casos en que este informe se cite Territorio la CONAIE plantea que el conjunto de los derechos fundamentales y colectivos de los pueblos y nacionalidades son indivisibles de los derechos al territorio y todo lo que en él existe.


II. Estado de Situación

12.Reconocimiento de los derechos colectivos: En 1998, enmarcado en una nueva Constitución Política, Ecuador suscribe un pacto político con sus ciudadanos y ciudadanas. Este pacto reconoce expresamente los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas, así como la vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-. Este reconocimiento, no es otra cosa, que la ratificación expresa de las brechas existentes en torno al bienestar, desarrollo e integridad personal y colectivo de los pueblos y nacionalidades indígenas y la urgencia de emprender acciones para erradicarlas.

13.Universalidad e interdependencia de derechos: La comprensión de los derechos humanos como un sistema de interdependencia, universalidad y obligatoriedad, supone atender en la misma jerarquía el conjunto de derechos que asisten a las mujeres y hombres de pueblos y nacionalidades por el solo hecho de ser, seres humanos, así como aquellos que les afectan por su carácter de autodeterminación colectiva. Siendo así, luego del reconocimiento Constitucional, era de esperarse signos de ascenso en el bienestar de los pueblos y nacionalidades indígenas, sin embargo, las condiciones de vida se han deteriorado significativamente y los atentados contra la integridad colectiva son recurrentes.

14.Nacionalidades y pueblos: La situación actual de las 13 Nacionalidades indígenas y los 13 Pueblos pertenecientes a la nacionalidad Kichwa de la Sierra  está signada por una intensa precarización de sus condiciones de vida .

15.Empobrecimiento y pobreza extrema: La pobreza medida como necesidades básicas insatisfechas afecta al 89.90% de la población indígena (20 puntos por arriba del promedio nacional que es el del 61.3%) de la cual, el 69.84% padecen de extrema pobreza (aproximadamente 40 puntos por encima del promedio nacional que es del 31.9%); es decir, dramáticamente, la población indígena es la más pobre entre los pobres encontrándose diferencias de dos puntos en la relación hombres mujeres.

16.Analfabetismo: Mientras que el país reporta un 10.3% de mujeres analfabetas y un 7.7% de hombres analfabetos, en el caso de pueblos y nacionalidades indígenas es del 29.78% encontrándose diferencias de cinco puntos entre mujeres y hombres. De las 732.083 personas analfabetas en el Ecuador 492.925 son indígenas, es decir, un 67.3%. El analfabetismo funcional es más dramático: el 52.2% de las mujeres son analfabetas funcionales, cuando el promedio nacional es del 21.7% frente a un 38.8% de los hombres con un promedio nacional del 10%.

17.Permanencia en el sistema educativo: El acceso y permanencia en la educación es mínima. Solo un 1.83% de mujeres y un 2.95% de hombres de la población mayor de 15 años han culminado el bachillerato. Entre la población mayor a 24 años un 1.2% de mujeres y un 2.19% de hombres han accedido a instrucción superior.

18.Salud e inclusión de la interculturalidad: Respecto a la salud, en la amazonía solo un 16.3% de comunidades tiene establecimientos de salud; en la sierra un 10.4% y en la costa un 10.38%. La asistencia al parto por agentes tradicionales de salud es significativa , pero siendo así para este caso y para el caso de la salud en general, el Estado no presta la atención debida a la incorporación de la variable cultural en la prestación de servicios. Esto es, la inclusión seria y con la inversión pública suficiente para fortalecer no solo la medicina indígena sino la prestación de servicios por parte de agentes tradicionales asegurando una adecuada y oportuna derivación en el caso de muerte previsible.

19.Derechos colectivos: La aplicabilidad de los derechos colectivos está totalmente restringida debido a la ausencia de leyes secundarias para su ejecutabilidad mientras en contrapartida, existen políticas públicas y leyes que fomentan el uso indiscriminado del suelo, los recursos naturales renovables y no renovables y actividades económicas de uso ambiental. El 56.4% de comunidades en la amazonía desconocen sobre los derechos colectivos; un 44.4% en la costa y finalmente, un 61.38% en la sierra.

20.Territorios en disputa: La vida de los pueblos y nacionalidades indígenas está en constante riesgo. El hecho de que sobre sus territorios ancestrales se encuentre el mayor porcentaje de recursos naturales, bosques nativos  y páramos  ocasiona una enorme presión sobre sus sistemas de vida.

21.Genocidio étnico: Esta violencia ha llegado al extremo más ignominioso en la extinción del grupo Tagaeri en el inicio de este siglo  (escisión étnica del pueblo Huaorani) y la presión constante sobre el territorio de uso del pueblo Taromenani lo que ha ocasionado la necesidad de este pueblo de defender su territorio con los elementos que dispone (en los últimos tres años han sido consecutivos los contactos violentos) . Formas de instigación permanente a las nacionalidades amazónicas están asociadas a la extracción petrolera, maderera, los servicios ambientales  y a las plantaciones extensivas sobre el suelo amazónico.

22.Territorios Andinos: En el caso de la sierra, la violencia también se manifiesta de múltiples formas. En este caso, son los pueblos indígenas de altura y los páramos, en tanto ecosistemas donde se ubican las fuentes de agua y sistemas bióticos de alta complejidad para el equilibrio climático, los asediados. Existen tierras altas que constituyen zonas de amortiguamiento en las cuales también los kichwas de la región andina habitan y organizan sus sistemas agrarios.
Párrafos
1-11
12-22
23-31
32-74
75-175


75-97
98-125
126-156
157-162
164-175

176-216
217-255
249-255
Páginas
5-7
8-10
11-13
14-24
25-175


25-28
29-35
36-42
43-44
45-47

48-55
56-62
63-64

Introducción
Estado de situación
Pueblos indígenas y derechos humanos
Derecho a la vida, la integridad y la autodeterminación
Derechos Sociales y Económicos de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas: Derechos Territoriales

Situación de los Pueblos de frontera Norte
Agresiones al Territorio de la Nacionalidad Awá
Una territorialidad amenazada: Pueblos Kichwas y páramos
Resistencia de la Comunidad Kichwa de Sarayaku
Estado, Petróleo y Pueblos Amazónicos

Derechos Políticos y a la no Discriminación
Pueblos indígenas, Estado y Cooperación Internacional
Los derechos de las niñas, adolescentes y Mujeres Indígenas

I.
II.
III.
IV.
V.


V.I
V.II
V.III
V.IV
V.V

VI.
VII.
VIII.
III. Pueblos indígenas y derechos humanos

23.Pueblos indígenas: Se entiende por pueblos indígenas a los pueblos “cuyas condiciones sociales culturales y económicas les distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, y que están regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial”  y a los “pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas” .

24.Ámbito del informe: Dado el enorme ámbito de seguimiento en materia de derechos humanos y pueblos indígenas, la CONAIE ha priorizado casos en los cuáles por acción, omisión o instigación del Estado, los derechos humanos de los pueblos y nacionalidades indígenas han sido conculcados o afectados. Estos derechos están en los ámbitos, tanto de los derechos humanos fundamentales como de los derechos colectivos.

25.Diferenciación entre la concepción de derechos  humanos y su ejecutabilidad: El Ecuador ha ratificado los instrumentos internacionales en materia de promoción, protección y ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y nacionalidades indígenas e incluso, existe una institucionalidad estatal encaminada al diseño de normas que permitan su aplicabilidad, y a políticas públicas que viabilicen su obligatoriedad o instancias de proyectos o inversión. Sin embargo, tal como lo hemos demostrado, los indicadores de calidad de vida y acceso a servicios sociales básicos ratifican la discriminación racial y la nula voluntad política para el disfrute pleno de sus derechos en igualdad. Derechos que no se viven ni preservan bajo las mismas estructuras jurídicas, culturales, de cosmovisión, de poder, de economía, de territorialidad, de espiritualidad, de conocimientos, de relación con la tierra que los derechos y estructuras desarrolladas por los ciudadanos y ciudadanas individuales.

26.Ruralización de lo indígena: La máxima de “igualdad” ha sido utilizada por el Estado y los agentes corporativos como pretexto para el diseño y aplicación de  políticas conducentes a la ruralización del indígena y/o su campesinización cuando no a su exterminio. Ha sido utilizada también en la definición de políticas en el ámbito agrario, de tierras, de producción, aprovechamiento del suelo y comercialización, de usufructo de recursos en sus zonas, de actividades productivas que impactan a los núcleos culturales constitutivos de los pueblos y nacionalidades.

27.Genocidio Cultural o Etnocidio: Acogemos el concepto de etnocidio como muerte a la diferencia. El etnocidio no adopta una actitud violenta sino una actitud que entiende al otro como el buen salvaje que puede ser “mejorado”. Ecuador, sigue intentando a través de todos los aparatos del Estado y sus leyes, “incorporar” a los “indios” a la vida nacional, a las formas dominantes de ejercicio de la “ciudadanía”, a la relación con el mercado con las reglas del mercado, a la protección social del Estado en tanto el mayor empobrecido(a) y/o marginado(a) o “subdesarrollado”, a la reducción de su fortaleza cultural y su identidad mediante prácticas que folclorizan, estereotipan, criminalizan o persiguen lo indio, a los servicios sociales básicos sin rasgos ni calidad intercultural. Etnias enteras han sido invadidas por modelos culturales exógenos a su vida ya sea por el aparcamiento de actividades mercantiles asociadas al turismo o la extracción de recursos naturales y su biodiversidad, o por la acción premeditada del mercado sobre sus tierras, territorios y culturas y sometidos a todos los factores que consuman su etnocidio. Sin duda alguna todas las nacionalidades y pueblos indígenas han sufrido distintas formas de etnocidio. Sin embargo el apremio que vive la nacionalidad Huaorani que en los últimos cincuenta años ha sido víctima de una nueva y dramática invasión y precarización cultural alentada por el Estado ecuatoriano han llevado a la CONAIE a levantar una investigación exhaustiva del caso y realizar la demanda respectiva ante los organismos internacionales como precedente que permita frenar el etnocidio contra cualquier pueblo o nacionalidad.

28.Genocidio Etnico. El genocidio como cualquiera de los “actos (…), perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial (…) ” tiene su mayor expresión en la muerte del grupo humano en aislamiento voluntario Tagaeri, escisión del pueblo Huaorani. El Estado ha alentado la actividad petrolera, permite el negocio maderero ilegal, el turismo en zonas de incidencia directa en los territorios de uso de los pueblos en aislamiento voluntario, periodismo sensacionalista y venta ilegal de tierras. Todas estas actividades afectan directamente las posibilidades de sobrevivencia de los pueblos en aislamiento voluntario y utilizan o instigan a los clanes vecinos como abridores de caminos hacia el territorio Tagaeri_Taromenani. La única acción estatal en torno a la protección de estos pueblos que son los Decretos Ejecutivos 551 y 552  es en este momento es inejecutable, sobe los mismos, pesa la omisión de disposiciones legales internacionales sobre derechos humanos y ambientales. Los distintos eventos registrados dan cuenta del exterminio de esta población y precipitan el extermino del pueblo Taromenani y quizá otros, conocidos como Huiñatare.

29.Vacíos normativos y permisividad estatal: La ausencia absoluta de una normativa explícita y en derecho para la explotación hidrocarburífera o de otros recursos no renovables o renovables en territorios ancestrales, que defiendan y promuevan el ejercicio de los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades e integren indicadores que valoren la pérdida humana y cultural al momento de hacer la incursión extractivista como variables de aprobación o desaprobación de estos proyectos; intromisión de actividades productivas con prácticas violentas en territorios indígenas; acuerdos ilegales promovidos por agentes externos a pueblos indígenas en sus territorios; saqueo del conocimiento ancestral sobre la salud humana y sistémica así como de los recursos de la biodiversidad, son algunos de los hechos más recientes que conculcan la integralidad de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. No olvidar el senialar las normativas secundarias decretos, reglamentos, acuerdos que conculcan los derechos colectivos.

30.Derechos fundamentales y derechos colectivos: Para los pueblos y nacionalidades indígenas el ejercicio de la autodeterminación, permite el acceso al conjunto de derechos estipulados en el Convenio 169 de la OIT sin perder, por esto, ninguno de los derechos humanos fundamentales constantes en nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes. Por tanto, todas las afectaciones a los derechos humanos fundamentales son lesiones a los derechos colectivos de cada pueblo y nacionalidad.

31.Violación del derecho al territorio: La violación del derecho al territorio se comete en el momento en que el Estado permite la extracción de recursos naturales sin consultas previas y sin políticas de participación claramente establecidas con los pueblos y nacionalidades indígenas. El irrespeto de la unidad que significa para los indígenas la tierra con la vida, así como de los territorios totales en los cuáles realizan su existencia son también violaciones a este derecho. En el caso Tagaeri-Taromenani deberá entenderse la defensa que practican consuetudinariamente de su territorio y su voluntad de aislamiento como una negativa a la invasión de cualquier tipo, incluso de otras etnias, a su territorio. Siendo así, la concesión petrolera en sus territorios es ilegal.
IV.Derecho a la vida, a la integridad y a la autodeterminación

Declaración Universal de los Derechos Humanos
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio
Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz
Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial
Declaración sobre el derecho al desarrollo
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado el 6 de marzo de 1969 por el Estado ecuatoriano
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes
Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres

Caso
32.Genocidio étnico del grupo indígena en aislamiento voluntario Tagaeri y riesgo de genocidio del grupo Taromenani y otros en aislamiento voluntario en la amazonía ecuatoriana.

33.Genocidio cultural o etnocidio en el caso de la Nacionalidad Huaorani amenazada en su conjunto en tanto su territorialidad sufre varias intervenciones en perjuicio de los derechos territoriales y humanos en general de sus grupos.

Antecedentes

34.Los clanes Huao Tiriro son el único pueblo vivo que habla esta lengua en el mundo.

35.La CONAIE parte de la definición que sobre los territorios ancestrales e históricos mantienen las nacionalidades y pueblos indígenas. Es decir se opone a la intervención que el Estado ha realizado ilegítimamente sobre dichos territorios al regularlo como zonas de protección, con categorías de manejo ambiental, como zonas de explotación y concesiones a todo tipo de actividades extractivas, conservacionistas o productivas. En este sentido los contenidos de los decretos 551 y 552 son parte de la historia de intervención sobre la territorialidad de las etnias en aislamiento voluntario que promulgan una visión etnocéntrica no exenta de todo tipo de intereses sobre los territorios ancestrales, por tanto, no contiene garantías suficientes para el cumplimiento de los derechos de las Nacionalidades y Pueblos Indigenas. Sin embargo, es la única normativa que legalmente puede contener en la actualidad la violencia que se desarrolla contra estos grupos. 

36.En mayo del año 2003, Ecuador repitió la historia. La muerte violenta de quince miembros del pueblo en aislamiento voluntario Taromenani y la noticia del exterminio del grupo Tagaeri escindido en los años 60`s de la nacionalidad Huaorani, fue recibida con el sensacionalismo esencial de la opinión pública y la total ignorancia estatal.

37.Cinco años separaron esta masacre de la expedición del Decreto Ejecutivo 552 que proclamó la Zona de Intangibilidad Tagaeri-Taromenani; doce del régimen especial del Parque Nacional Yasuní; y, solo cuarenta, de la escisión de la nacionalidad Huaorani provocada tras es el asedio de misión evangélica (Instituto Lingüístico de Verano ILV) y la explotación petrolera .

38.Desde 1949, año en el que inician las operaciones petroleras en la zona, hasta el año 1999, el Estado no reconoce la existencia de los pueblos en aislamiento voluntario y alienta la expansión de la frontera agrícola colonizadora y petrolera sobre su territorio . Es decir, toma decisiones explícitas tanto para la colonización amazónica como para intensificar la acción petrolera sin ningún marco jurídico regulatorio que precautelara la vida y la forma de vida de los pueblos amazónicos, menos aún, de aquellos para los cuáles la selva es su universo.

39.Desde mediados de los años 50`s la porción de la nacionalidad Huaorani que apuesta por un contacto pacífico con sus vecinos , es reducida por la acción del Instituto Lingüístico de Verano mientras que la mayoría del pueblo Huao, opta por continuar en sus territorios habituales y defenderlos.

40.En 1968 se descubre petróleo en la zona ocupada por la población Huaorani no contactada. En menos de cinco años el pueblo es sometido a las reglas del naciente Estado petrolero  y solo entre 100  a 200 individuos agrupados en familias persisten en mantener su aislamiento voluntario .

41.Los contactos violentos que se sucedieron desde 1949, hasta hoy día, señalan al Estado por acción u omisión como el principal instigador y protagonista de la violación de los derechos humanos de los pueblos en aislamiento voluntario.

42.Desde el año 1937 el territorio habitual del pueblo Huaorani ha sido intervenido por la actividad petrolera . A pesar de los contactos violentos de los cuáles se tiene noticia en 1949 y del conocimiento expreso de la existencia de pueblos en aislamiento voluntario las actividades continúan y las políticas de extracción desconocen por completo los derechos de estas poblaciones .

43.A principios del siglo XX la invasión cauchera sobre el amazonas trae consigo el exterminio casi total del pueblo Tzápara y las primeras noticias de la existencia del pueblo Huaorani. Dominaban la selva comprendida entre el norte del río Curaray, algunas cabeceras como en Nushiño y la banda sur del río Napo. Incluso en este periodo llegan a estar presentes en Arajuno y por el sur, extendían su territorio por los ríos Shiripuno, Tigüino, Tiputini, Tivacuno, entre otros. Hasta las primeras tres décadas del siglo XX la amazonía seguía siendo totalmente invisible para el Estado. Las noticias del petróleo precipitan sobre los Huaorani la drástica reducción territorial, la invasión y nuevas bajas entre sus miembros. De un enorme territorio dominado y luego del proceso de reducción evangelista sobre la etnia, en 1969 irónicamente “concede” a los Huaorani una extensión de 16.000 Has como reserva; en 1983, Oswaldo Hurtado “concede” el Protectorado a la mayoría de Huaorani reducido en las cabeceras del Curaray por el ILV ; en 1990 se “amplía” el ahora llamado territorio Huaorani a 612.650 con modificaciones que actualmente llegan a las 678.220 has, esta concesión se realiza obligando al pueblo Huao a aceptar la explotación petrolera y la superposición de parte del Parque Nacional Yasuní. En ningún caso se restablece el derecho conculcado; en 1999 con la publicación en el Registro Oficial del Decreto Ejecutivo 552 el régimen territorial es aún más difuso y el territorio de los pueblos en aislamiento voluntario, Huao Tiriro, reducidos a una zona intangible irrisoria que queda expuesta a todo tipo de vulneraciones.

44.La suscripción del Decreto se realiza luego de veinte años de luchas por actores sociales no estatales que configuraron una serie de hechos. El Vicariato Apostólico del Aguarico con sede en la ciudad Francisco de Orellana, provincia de Orellana, fue el pionero. En 1977 solicita al Gobierno Militar la ampliación de la zona de protección Huaorani; en 1983 el Gobierno declara para el pueblo Huaorani una reserva de 159.310 hectáreas; en 1985 se firma el Convenio para ejecutar el “Plan de Contacto Amistoso con los Tagaeri”; El intento desesperado de frenar la explotación petrolera para detener el genocidio Tagaeri tuvo uno de sus desenlaces más significativos en el martirio del Obispo Alejandro Labaka y la hermana Inés Arango; en 1988 la Conferencia Episcopal y el Vicariato Apostólico del Aguarico piden la suspensión indefinida de las actividades petroleras en la zona adjudicada al Bloque 17, territorio de vida del pueblo Tagaeri .

45.Se suceden otras acciones: en 1990 el gobierno de Rodrigo Borja otorga el título legal del territorio; en ese mismo año la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos una petición a nombre de los Huaorani; en julio de 1991 se amplía la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno; en octubre de ese año CONOCO se retira del Bloque 16; en diciembre de 1991 el Congreso de la Organización de la Nacionalidad Huaorani del Ecuador demanda la moratoria para actividades extractivas por 10 años; en octubre de 1992 la CONAIE envía una carta al gobierno exigiendo la moratoria frente a la explotación petrolera y la no construcción de la carretera del Bloque 16; en esa misma fecha se inicia una campaña internacional denunciando las actividades petroleras en territorio Huaorani y el Parque Nacional Yasuní; en 1995 el informe anual de la Organización de Estados Americanos (OEA) sugiere al gobierno del Ecuador establecer medidas especiales de protección Tagaeri; en junio de 1996 se inicia la auditoria ambiental a las actividades de la MAXUS en el bloque 16; en 1997 se crea el Comité de Apoyo al pueblo Tagaeri; en 1997 la Conferencia Episcopal Ecuatoriana envía al Ministro de Energía y Minas una carta solicitándoles la exclusión del Bloque 17 operado por la compañía Elf-Aquitaine ; en febrero de 1998 la ONAHE exige al CONPLADEIN (hoy CODENPE) la delimitación de las áreas habitadas por los Tagaeri Taromenani; en mayo de 1998 el Congreso ratifica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Derechos Colectivos de los pueblos Indígenas y Tribales;  en octubre de ese año se establece una comisión para impulsar la Declaración de zona intangible; en febrero de 1999 el Presidente de la República suscribe el Decreto .

46.En ese mismo periodo el Estado: en marzo de 1989 concluye la fase de exploración del Bloque 16; en diciembre de 1992 autoriza la construcción de la carretera de 150 km y de un oleoducto paralelo al interior del Parque Nacional Yasuní, incluidos los ramales Bogi-Capirón y Tivacuno; en mayo de 1995 se concesionan varios bloques petroleros al interior del Parque Nacional Yasuní y el territorio Huaorani, que incluye el Bloque 31 en territorio Tagaeri-Taromenani a la compañía argentina Pérez Companc; en abril de 1998 ante la presión social el Ministro de Energía reafirma el contrato modificado de exploración y explotación del Bloque 17 que excluye la zona Tagaeri-Taromenani pero no la influencia de la industria en su supervivencia.

47.El Decreto Ejecutivo de febrero de 1999, específicamente en su Artículo 1, Declara zona intangible de conservación vedada a perpetuidad a todo tipo de actividad extractiva , las tierras de habitación y desarrollo de los grupos Huao Tiriro en aislamiento voluntario conocidos como Tagaeri, Taromenani y otros grupos eventuales que permanecen sin contacto, ubicadas hacia el sur de las tierras adjudicadas a la nacionalidad Huaorani en 1990 y del Parque Nacional Yasuní. En el Artículo 2 se señala que dentro de esta zona intangible se definirá, de acuerdo de estudios técnicos respectivos y en coordinación con los representantes de las población local, un área dentro del Parque Nacional Yasuní para que las poblaciones Quichua  a lo largo del río Curaray y las poblaciones del río Cononano puedan realizar sus actividades tradicionales de pesca y caza, así como actividades de turismo moderado. El Artículo 3, situaba la zona con una superficie de 700.000 hectáreas ubicadas en las parroquias Cononaco y Nuevo Rocafuerte, cantón Aguarico, provincia de Orellana y en la parroquia Curaray, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y daba como plazo de delimitación de la zona 120 días a cargo, es decir, bajo responsabilidad de una comisión compuesta por el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Ambiente y el CONPLADEIN .

48.Desde esa fecha hasta lo que transcurre del año 2006, el Estado no había cumplido con ninguna de las exigencias contenidas en el Decreto Ejecutivo.

49.En la matanza de 15 personas pertenecientes al grupo Taromenani en mayo de 2003  el Estado no toma acción alguna por evitar nuevos enfrentamientos y el exterminio de este pueblo. En diciembre de ese mismo año ya se conocía de nuevas muertes del grupo, quizá un clan completo .

50.En mayo de 2005, el Centro de Investigaciones Culturales de la Amazonía Ecuatoriana - CICAME y el Vicariato del Aguarico presentan un informe ante Naciones Unidas con el objeto de que la ONU reconozca el vacío legal que existe para la protección y el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario. El informe demostró el proceso de exterminio de estos pueblos y solicitó la inspección inmediata de la situación y recomendaciones al Gobierno ecuatoriano.

Acciones y omisiones del Estado ecuatoriano frente al caso Tagaeri-Taromenani

51.A pesar del conocimiento expreso de la existencia de grupos Huaorani que optaron por el aislamiento voluntario el Estado hace caso omiso de su existencia y continúa una política de extracción de recursos no renovables en la zona sin normativa acorde con la realidad amazónica, su diversidad cultural y biótica, menos aún con la protección de los derechos de quienes decidieron permanecer sin contacto. Hasta el día de hoy esta omisión persiste.

52.Con conocimiento expreso del perfil cultural del pueblo Huaorani y su sentido vital en la defensa de su territorialidad y la venganza de sus lazos familiares  caídos en enfrentamientos, el Estado ecuatoriano ha permitido la instigación al grupo Babeiri  como bisagra de aproximación a los territorios cercanos a los pueblos en aislamiento voluntario. Esta acción de bisagra cumplida por el grupo Babeiri ha sido usada por compañías petroleras que operan sin marcos normativos explícitos para la protección de la diversidad cultural en la zona, actividades madereras ilegales, turismo de aventura y/o ecoturismo, periodistas, instancias de  control del Estado y exploración científica sobre los recursos de la biodiversidad y recursos genéticos consolidadas.

53.El grupo de Babe y su accionar, incluso, con la ruptura de sus reglas de guerra y venganza en la incursión de mayo de 2003, es el resultado de procesos sistemáticos de precarización de sus centros identitarios por parte de actores externos al pueblo. La invasión de la economía extractivista sobre el sistema de vida de este grupo se ha constituido  en una amenaza constante a la integridad de los clanes Huao Tiriro. El Estado debe reconocer su responsabilidad en la imposición de estos sistemas de vida que han acarreado la precarización de la vida de toda la población Huaorani.

54.Las diversas acciones a favor de la vida de los Tagaeri-Taromenani trajeron como resultado el Decreto Ejecutivo 552, sin embargo su inejecutabilidad es una complicidad al genocidio de los pueblos en aislamiento voluntario. La protección de la Zona de Intangibilidad Tagaeri – Taromenani mantiene vigencia. Desde nuestra perspectiva, la declaratoria contenida en este Decreto y su inmediata ejecutabilidad constituye una emergencia nacional. El Estado es el responsable de omitir sus contenidos e incluso, de tomar medidas para evitar perversiones resultantes de su aplicabilidad como de su no aplicabilidad.

55.El Estado posee mecanismos de control forestal que no accionan ni cumplen su rol en la zona bisagra de exterminio .

56.El Estado ha omitido una normativa especializada para la explotación petrolera que proteja la vida como el bien jurídico esencial. No existe política pública alguna ni norma en relacionamiento comunitario que ponga orden en la zona, frene los excesos y castigue a los responsables de los etnocidios y genocidios.

57.El Estado sigue haciendo concesiones petroleras en territorio intangible. El ejemplo más dramático es el Bloque 31 concesionado recientemente a la compañía brasileña Petrobras, en el centro del Parque Yasuní, en su núcleo de intangibilidad.

Las violaciones a sus derechos

58.Violación del derecho a la autodeterminación: Sin la menor problematización de lo que significa el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, el Estado ecuatoriano ha omitido intencionalmente la característica esencial de los pueblos en aislamiento voluntario de continuar habitando en lo que es su universo sin contacto con otras civilizaciones. Dicha autodeterminación especial, demandaba y sigue demandando del Estado ecuatoriano, una acción específica para su protección, la cual debe incorporar como principio que la vida de los pueblos en aislamiento voluntario depende de que su universo permanezca intacto y de la paz de la región.

59.Tal como sostiene Mikel Berraondo López la expresión máxima de su derecho a la autodeterminación supone el respeto de su decisión de mantenerse en aislamiento, (…) en la actualidad, la mayoría de los pueblos no contactados, son pueblos que han tenido contactos esporádicos o puntuales, que conocen sobre la existencia de otros pueblos y otras formas de vida, además de la suya, y que frente a esa opción deciden mantenerse aislados, sin mezclarse con esas otras forma de vida. Catalogamos esta decisión de mantener su aislamiento como la expresión máxima de su derecho a la autodeterminación porque se convierte en la llave que garantiza el respecto a sus formas tradicionales de vida” .

60.Violación del derecho a la vida: En menos de cuarenta años la nacionalidad Huaorani y los grupos que optaron por un aislamiento voluntario han sido sometidos a:
-Decenas de muertes acaecidas entre los años 49 y 50 del siglo pasado con el inicio de las operaciones de la compañía Shell, los puestos selváticos del ejército y las primeras colonizaciones en el área .
-Muertes durante la reducción de la etnia en los años 70´s del siglo XX. Esta reducción fue organizada por el ILV y utilizada por el Estado para facilitar la incursión petrolera.
-Muertes indistintas de personas pertenecientes a distintos grupos en aislamiento voluntario pertenecientes o del mismo tronco lingüístico Huao Tiriro en enfrentamientos con petroleros, ejército y con otros indígenas (Kichwas, Huaorani o en aislamiento voluntario).
-El aniquilamiento progresivo del grupo Tagaeri en las dos últimas décadas del siglo XX y su exterminio total, si las noticias desde el año 2003 siguen confirmando su desaparición.
-La masacre de mayo de 2003 contra el pueblo Taromenani instigada por agentes externos interesados en los recursos de la zona y el probable exterminio de un grupo de alrededor de 50 personas.

61.La vida de los hombres, mujeres, niños, niñas y ancianos de los pueblos en aislamiento voluntario no ha sido protegida por el Estado ecuatoriano y su reconocimiento solo ha sido dado como parte de políticas públicas encaminadas al aprovechamiento de los recursos naturales de la zona y no, por su condición de humanidad y por su condición especial de aislamiento voluntario. A pesar de haber sido vedada a perpetuidad en el Decreto 552 cualquier actividad extractiva en la zona núcleo y solo actividades de bajo impacto en la zona de amortiguamiento, el Estado continúa impulsando una política energética y ambiental en contra de la vida de los pueblos en aislamiento voluntario.

62.Violación del derecho a la paz: Aún siendo la cultura Huaorani una cultura de guerra, esta solo se activa con dispositivos explícitos culturalmente definidos y procesados con apego a reglas estrictas. Por tanto es también una cultura de paz y tienen derecho a preservarla. La instigación a la venganza intraétnica es una violación expresa del derecho a la paz.

63.Violación del derecho al territorio: Sistemáticamente el Estado ecuatoriano ha violado el derecho al territorio de los pueblos en aislamiento voluntario. Sin universo (territorio) no hay vida para estos pueblos. Ninguna de las fórmulas utilizadas hasta el momento, restituyen su derecho territorial. El abuso, la ilegalidad, la negligencia y cuando no, la complicidad sobre el usufructo de los recursos ubicados en su territorio, es la ley imperante.

64.Genocidio Cultural de la Nacionalidad Huaorani: los antecedentes expuestos evidencian claramente que este grupo indígena atraviesa por un proceso de Genocidio Cultural o etnocidio debido a las intervenciones y omisiones del Estado Ecuatoriano, sujetos de derecho privado nacionales e internacionales (corporaciones petroleras, madereras, mineras, forestales, conservacionistas , traficantes de tierras y biodiversidad) en la garantía de los Derechos Fundamentales de este sujeto colectivo. La CONAIE se encuentra determinando la doctrina sobre Etnocidio para incluirlo como parte del repertorio de los delitos de Genocidio, y así aportar en la configuración del Derecho Penal Internacional. Emprenderemos acciones de investigación hacia el resto de nacionalidades y pueblos indígenas que se encuentren en similares condiciones de vulnerabilidad.

Recomendaciones

65.Se solicita expresamente al Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, llamar la atención del Estado ecuatoriano sobre el continuo incumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos, de los derechos colectivos y del derecho a la vida de los pueblos en aislamiento voluntario y determinar sus responsabilidades en su genocidio étnico.

66.El Estado Ecuatoriano constituirá una comisión interdisciplinaria e interinstitucional para la realización de normas que preserven la autodeterminación de la verdadera territorialidad de los grupos Tagaeri-Taromenani. Dicha comisión estará presidida por la CONAIE e integrada únicamente por agentes probos y sin conflictos de interés . Dicha instancia no será utilizada para mediatizar la explotación petrolera ni ninguna otra actividad negada a perpetuidad en el territorio Tagaeri-Taromenani por el Decreto 552, ni servicios ambientales ni colonización o invasión de otras etnias sobre este territorio. Su creación precautelará de inmediato el derecho al aislamiento voluntario como derecho a la vida, la autodeterminación, el territorio y la paz y será su misión, promover y proteger a los pueblos indígenas de toda forma de genocidio étnico o cultural (etnocidio).

67.El inmediato desarrollo de la normativa nacional necesaria para la promoción, protección y ejecutabilidad de los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario. Dicha normativa no podrá contradecir los derechos internacionales vigentes en el Ecuador, por tanto, no podrá contener ninguna forma jurídica que encubra o pretenda viabilizar la explotación de recursos naturales renovables y/o no renovables o servicios ambientales en su territorio.

68.Declarar la moratoria inmediata de cualquier actividad petrolera en la zona intangible y en el Parque Nacional Yasuní, y la exploración y explotación del eje Ishpingo Tambococha Tiputini ITT. Se ha demostrado que los grupos en aislamiento voluntario recorren también el eje conformado entre los ríos Cachiyacu y Yasuní que atraviesan todos los bloques en operación al momento.  Supone una política petrolera racional. Si Ecuador recupera campos en operación de Petroecuador se pueden liberar áreas significativas de diversidad cultural y biológica de los impactos negativos de la industria petrolera sin someterlas a ningún tipo de régimen que permita su comercio ambiental.

69.Sancionar de inmediato la extracción ilegal de madera y/o de cualquier otra actividad que lesione la paz de los pueblos en aislamiento voluntario. Esta medida supone, un plan inteligente de reconversión del sistema económico local en Tigüino, Ñoneno y el grupo de Dabo.

70.Que recomiende al Ministerio de Ambiente controles reales y efectivos que eviten la salida de la madera de toda el territorio de los Grupos Huaorani en el marco de la exigibilidad de sus derechos.

71.Urgir al Estado ecuatoriano y a los actores constantes en el Decreto Ejecutivo 552 la ejecutabilidad del mencionado Decreto y su desarrollo como normativa específica de protección de los pueblos en aislamiento voluntario. Esta comisión deberá partir de las iniciativas y propuestas recogidas en el conjunto de grupos de la Nacionalidad Huaorani y presentado con la CONAIE.

72.La instancia creada deberá resolver estas recomendaciones en un plazo no mayor a seis meses, implementando medidas que paulatinamente eliminen las amenazas inminentes contra estos pueblos.

73.En el caso de la Nacionalidad Huaorani en su conjunto se solicita al Relator promueva en el Sistema Internacional de Derechos Fundamentales el reconocimiento de este tipo de Genocidio.

74.Medidas conducentes a frenar el Genocidio Cultural efectivizado con la implementación de políticas y normas hacia un modelo económico mercantil e integrado a la globalización, que impulsa el Estado Ecuatoriano en desmedro de su rol como garante de los Derechos y la Democracia.


V. Derechos Sociales y Económicos de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas

Declaración Universal de los Derechos Humanos
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio
Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz
Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial
Declaración sobre el derecho al desarrollo
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado el 6 de marzo de 1969 por el Estado ecuatoriano
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes
Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres

V. I. Situación de los Pueblos de frontera

Caso:

75.Conculcados los derechos sociales y económicos de los Pueblos indígenas, afroecuatorianos y población de frontera entre Ecuador y Colombia.

Antecedentes

76.La frontera entre Ecuador y Colombia, se extiende por las provincias de Esmeraldas, en la Costa; Carchi, en la Sierra y Sucumbios en la región Amazónica. Allí habitan los Pueblos Indígenas: Awá, Kichwa de la Sierra, Cofán, Siona, Secoya y Kichwa de la Amazonia, cuyos territorios y relaciones de pertenencia no se encuadran en las divisiones políticas de los Estados.

77.Los problemas para las comunidades de la zona se originan en: La implementación del “Plan Colombia”, el narcotráfico y la expansión de las empresas palmicultoras y petroleras y la indolencia de las autoridades.

78.El Plan Colombia ha violentado los derechos fundamentales de los Pueblos indígenas,  en relación a su existencia y su territorio, porque: las fumigaciones han contaminado con venenos muy peligrosos el entorno, causando serias enfermedades en la población; además la operación de yunque y martillo hace que se ejerza una presión de militares de ambos países y guerrilleros en la zona, con demandas de aprovisionamiento, reposo y entrenamiento. La presencia militar altera las relaciones intra e inter comunitarias por la ingerencia en procesos de adopción de decisiones, gobernabilidad y administración de justicia; de otra parte, esta presencia masculina ha generado un cuadro social complejo consecuencia de las relaciones temporales que establecen con jóvenes mujeres indígenas que son seducidas y luego abandonadas. La extensión de la violencia hace que por ejemplo el 18 de agosto del 2004 en el sector Guadualito se amenace con masacrar a los habitantes del recinto Puerto Nuevo. Han habido denuncias de Puerto Mestanza y General Farfán también; la delincuencia común y los sicarios asociados a las empresas petroleras, y la utilización de mujeres, jóvenes y niños en labores de inteligencia e información, son riesgos no menores en esta situación.

79.El narcotráfico, ha erosionado la cultura de siembra, ecológicamente armoniosa, introduciendo como elemento ilícito de sobrevivencia “el raspado”, es decir la sustitución de los cultivos tradicionales por el de la hoja de coca, a pequeña escala.

80.La expansión de las empresas palmicultoras ha despojado progresivamente a las comunidades de sus territorios ancestrales, “en la actualidad más de 60 mil hectáreas están en sus manos, de ellas 30 mil están sembradas y las proyecciones hacen referencia al interés de llegar a los 150 mil has. con préstamos provenientes de Brasil” . El caso de Guadualito es paradigmático en cuanto a pérdida de territorio, ante el empuje de la empresa. Se ha comprobado el uso de Endusofán  que es un producto de alta toxicidad, que incluye daño genético.

81.La ausencia de garantía estatal para el ejercicio de los derechos básicos de los Pueblos, se aprecia en: la falta de control por parte del Ministerio del Ambiente, en el caso de la contaminación; en la mínima efectividad de la policía nacional para asegurar la libertad de expresión y de tránsito en la zona; el ministerio de educación no puede garantizar la escolarización básica, dado el peligro para la integridad personal del profesor. La errónea titularización individual de los territorios, que permite la enajenación, dada desde la reforma agraria, ha roto la propiedad comunitaria.

82.La conflictividad de la zona afecta de modo específico a las mujeres, niñas y adolescentes de las comunidades asentadas en zonas de influencia directa e indirecta del conflicto de Frontera Norte. La matrilocalidad acompañada con precarias condiciones de vida empuja a las adolescentes y niñas a salir de sus comunidades hacia centros poblados en condiciones totales de vulnerabilidad. El comercio sexual y la trata de personas crece en ciudades como Lago Agrio.  El Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata y Tráfico con fines de Explotación Sexual debe incluir la realidad de frontera norte desde una visión intercultural sin imposiciones etnocéntricas e intromisiones estatales que desestructuran los pocos mecanismos de contención comunitaria que aún funcionan en la zona.

83.Los pueblos y nacionalidades de frontera norte advierten al Estado ecuatoriano sobre su responsabilidad de proteger de modo especial, los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes indígenas en situación de conflicto y sobre el “uso” y tratos crueles y degradantes de los cuales pueden ser víctimas con la intensificación del conflicto. Hasta el momento existe negligencia y vacíos en la comprensión de esta realidad específica.

Violaciones a los Derechos de los Pueblos Indígenas de Frontera

84.Derechos Fundamentales: conculcados por la presencia de elementos  de diversas fuerzas militares en la territorialidad compartida en los Pueblos indígenas transfronterizos.

85.Derecho a la Paz: Afectadas todas las formas de vida, producción y reproducción de los Pueblos de frontera. La violación de los principios de este derecho ocasiona una fortísima migración fruto de la violencia en este territorio; así como, oleadas de refugiados que huyen de la guerra en Colombia.

86.Derecho a la Educación y Salud: el acceso de los miembros de los Pueblos Indígenas a políticas adecuadas de atención y garantía para la educación y salud es en extremo limitado por las condiciones de violencia, incursiones militares y desatención del Estado.

87.Derechos Económicos: los Pueblos indígenas se ven imposibilitados de realizar las actividades que tradicionalmente llevaban adelante para su supervivencia. En la actualidad se encuentran constreñidos a aceptar las propuestas, proyectos y planes de desarrollo diseñados por fuera de su realidad civilizatoria y de sus propias necesidades. Dichos proyectos llegan frente a la desatención de políticas estatales de la mano de corporaciones transnacionales de la conservación, organismos no gubernamentales, agencias de la Cooperación Internacional; y, una laxa emisión de propuestas desde el Estado vinculadas con los intereses y óptica de la Cooperación Internacional.

88.Derechos de las Niñas, Adolescentes y Mujeres: de una parte la situación de violencia en la zona de frontera ha desestructurado las matrices parentales de las familias y comunidades indígenas, ocasionando mayores índices de violencia intrafamiliar. De otra parte, las más afectadas en cuanto a la exigibilidad de sus derechos son este mismo sector. Existen evidencias de un mercado de trata de niñas, adolescentes y mujeres indígenas vehiculizado y fundamentado en la cultura de violencia imperante en la zona.

Acciones y Omisiones del Estado Ecuatoriano en relación

89.El Estado Ecuatoriano autoriza la implementación del Plan Colombia en sus fronteras pese a la afección en la salud humana, ecológica, social y cultural de sus ciudadanas y ciudadanos.

90.El Estado Ecuatoriano se involucra directamente en acciones de patrullaje contra insurgente y en contra de las actividades de narcotráfico alterando la vida de los Pueblos Indígenas en la zona de frontera.

91.El estado no ha implementado políticas públicas ni una inversión específica para la protección de los grupos de frontera afectados por la  guerra.

92.Los ministerios de Salud Pública, Bienestar Social, Educación no actúan para proteger la extrema vulnerabilidad de estas poblaciones.

93.El ministerio de Ambiente ha dotado de concesiones y permisos de explotación forestal, producción palmicultora y otras actividades extractivas de alto impacto a la territorialidad y derechos de los Pueblos Indígenas conculcando sus derechos.

94.Las instituciones estatales no han promovido políticas adecuadas para el ejercicio pleno del conjunto de derechos hacia las niñas, adolescentes y mujeres indígenas. En el caso de la Trata la problemática estructural se encuentra vinculada a la misma situación de guerra. Sin embargo, tampoco existen medidas que protejan en ninguna instancia estatal a estas mujeres.

Recomendaciones

95.El Estado Ecuatoriano debe escindir todo compromiso de intervención en el Plan Colombia.

96.El Estado debe generar políticas públicas encaminadas a proteger a los distintos sectores, pueblos y comunidades que viven en la zona de frontera norte, pues son una población altamente vulnerable por la situación de guerra de Colombia, por las afecciones al derecho a la paz, por las alteraciones que viven las estructuras familiares y comunitarias en esta zona y por los graves daños irrogados a su territorialidad y formas de vida tradicionales. Estas políticas deben estar realizadas en función de las prioridades de esta población y ser ejecutadas con ella.

97.El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá emprender las medidas diplomáticas adecuadas y frontales para demandar el resarcimiento moral y económico de los daños que la implementación del Plan Colombia han significado para los ecuatorianos y nuestro territorio; con especial énfasis en las consecuencias para la vida y derechos de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas.

V. III.Una territorialidad amenazada: Pueblos Kichwas y páramos

Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz
Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial
Declaración sobre el derecho al desarrollo
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado el 6 de marzo de 1969 por el Estado ecuatoriano
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes
Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres

Caso
126.Constreñimiento de los derechos territoriales de las comunidades indígenas Kichwas en la Región Andina del Ecuador, sobre todo en sus páramos y fuentes de agua.

Antecedentes

127.Los páramos son ecosistemas frágiles de la región alto – andina. Se extienden desde Venezuela hasta el norte de Bolivia. En su estado natural, su cubierta vegetal protectora permite retener las aguas provenientes de las precipitaciones pluviales, impidiendo su escorrentía superficial.

128.Los páramos siempre fueron espacios territoriales indígenas, integralmente manejados por el conjunto de comunidades andinas, en los cuales se han desarrollado conocimientos, culturas, prácticas rituales  y sagradas; así como, normas locales para una vida armónica de los Pueblos Indígenas y poblaciones campesinas en su entorno natural.

129.Actualmente en el mundo prima el discurso de la escasez del agua dulce. En ese contexto los páramos adquieren una importancia creciente y se constituyen en arena de disputa. Una de las propuestas, vinculada con la vigencia del proyecto neoliberal y su lógica mercantilista, tiene relación con la aplicación de modelos de privatización en la gestión de áreas protegidas, incluyendo en la región interandina del Ecuador, los ecosistemas frágiles como son los páramos.

130.Con el objetivo de convertir en mercancías y servicios los recursos y funciones de estos ecosistemas, dentro de la lógica en el Ecuador el Estado, y otras actorías vinculadas con la globalización comercial de la naturaleza, han venido realizando: propuestas de normas ambientales, sean proyectos de leyes, reglamentos, decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales, ordenanzas, proyectos de desarrollo, diferentes formas de modelos de Pago por Servicios Ambientales, institucionalización del modelo de Servidumbres Ecológicas o formas de conservación privada.

131.Estas propuestas regulatorias han implicado reformas al marco normativo ambiental y de desarrollo vigentes en el Ecuador. En muchas ocasiones aparecen como ofertas de una nueva doctrina jurídica para el ordenamiento ambiental. En la realidad y como se ha señalado en el parágrafo décimo cuarto del presente informe, la vida de los Pueblos y Nacionalidades indígenas tiene su fundamento en su territorialidad, la misma que se encuentra amenazada y en un momento de alto riesgo.

132.Ecuador es un país considerado megadiverso y su Estado es suscriptor de diversos convenios internacionales relacionados con la protección ambiental. Todas las Nacionalidades y Pueblos Indígenas encuentran que sus territorios ancestrales son en la actualidad espacios con mucha relevancia ecológica. De esta manera, los territorios indígenas devienen en arenas de disputa de diversos, y en ocasiones contradictorios, avances en proyectos, intereses y debates. La presión existente para ocupar, usufructuar o directamente convertir en mercancías sus territorios y todos sus componentes, constituye en la actualidad la mayor amenaza a sus formas de vida, territorialidad e incluso pone a las Nacionalidades y Pueblos Indígenas frente a un proyecto de exterminio cultural.

133.En el caso de las comunidades andinas poseen en estado óptimo un 56,3% de los páramos de la subregión.

134.El marco normativo referido a la protección de los Derechos Humanos de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas no es considerado de manera que se acojan los principios que éstos defienden, ni se propongan mecanismos regulatorios para su ejecutabilidad, en los proyectos de leyes, decretos ejecutivos, ordenanzas y reglamentos que pretenden normativizar las actividades humanas y económicas en los territorios y ecosistemas únicos que se encuentran en el Ecuador. En varios proyectos de ley que han sido presentados ante el Congreso Nacional Ecuatoriano, e incluso que han sido sometidos ya a un primer debate, la CONAIE ha logrado visibilizar la contradicción de dichas normas con el conjunto de Derechos Humanos que el estado garantiza para las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, afroecuatorianos, y la mayoría de sectores de la población ecuatoriana.

135.En el caso de los páramos altoandinos éstos eran espacios considerados baldíos o estériles hasta antes de la Reforma Agraria y la Revolución Verde. De hecho, a partir de 1964, cuando ambas lógicas pasan a regular la producción agrícola en la región andina, el estado promovía el pastoreo, la quema y la conversión en áreas de producción agropecuaria de las tierras altas y los páramos. En gran parte, estos ecosistemas fueron entregados a comunidades indígenas por parte del estado, con estos objetivos. Las mismas demandas de la población indígena y campesina presionaron fuertemente las exiguas tierras entregadas y así se intento convertir a los páramos en parte del acervo para la producción y para  reducir la presión sobre las tierras de los valles en posesión de los grandes propietarios. En el caso de las comunidades kichwas, éstas han manejado ancestralmente la perspectiva de producción para la vida, el intercambio y el autoabastecimiento. De otra parte, el manejo y cuidado del entorno territorial fue siempre una reivindicación sobre la forma en que se han constituido las identidades indígenas.

136.En la actualidad, con una comprensión ecológica mas generalizada, y frente a la contaminación de un mundo industrializado y consumista, los páramos, las selvas, cejas de montaña, bosques nativos y lagos; entre otros territorios o ecosistemas, adquieren una importancia fundamental como reservas de oxígeno, agua y biodiversidad. La disputa viene hacia estos ámbitos y nuevamente las comunidades indígenas y campesinas se convierten en el único frente de lucha, resistencia y soberanía.

137.En todo el callejón interandino del Ecuador las comunidades indígenas que tienen acceso y derechos sobre páramos y otras fuentes de agua o diversidad biológica encuentran que el ejercicio de sus derechos territoriales empieza a tener dificultades. En algunos casos las autoridades estatales locales o nacionales legislan con el objetivo de conservar estos espacios debido a sus funciones para el entorno o simplemente como captadoras de agua dulce. En estos casos las necesidades de conservación son la justificación para alimentar propuestas que constriñendo o conculcando los derechos colectivos, plantean como alternativa la conservación privada, bajo un esquema de concesiones de los páramos a actores privados y la adquisición de tierras por parte de la entidad estatal u otros sujetos privados.

138.Un segundo grupo de regulaciones se instituye directamente desde actores privados u organizaciones no gubernamentales con objetivos conservacionistas. En estos casos cuando confluyen páramos, Pueblos indígenas e intereses sobre la conservación de los primeros; se busca intervenir levantando propuestas de conservación en las cuales se ocupa a las comunidades en ciertas acciones de desarrollo económico; mientras por otro lado, se pasa a irrumpir en sus territorios para una conservación pasiva.

139.Otra forma de conservación ambiental que se opone a los Derechos de los Pueblos Indígenas es la definición de “corredores ecológicos”, que bajo una apariencia de racionalidad ecosistémica crea una nueva territorialización con frecuencia concedida en el diseño a Corporaciones Transnacionales de la Conservación .

140.Especial atención ha merecido para la CONAIE la discusión legislativa de un proyecto de Ley para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, discutida hacia fines del año 2002 en primer debate en el Honorable Congreso Nacional. Cuando las organizaciones logramos acceder a los contenidos de dicho proyecto vamos generando un análisis colectivo sobre las implicaciones que su posible aprobación implicarían sobre la exigibilidad de los derechos colectivos . En conjunto las normas propuestas en dicho cuerpo legal constituyen un marco adecuado para la conservación privada en sus diversas variantes, abriendo al mercado de “bienes y servicios ambientales” componentes que para la mayoría de Nacionalidades y Pueblos Indígenas constituye una integralidad territorial en la cual se gesta su vida históricamente.

141.Un caso especialmente importante lo constituye un número indeterminado de “Contratos de Forestación” realizados por la compañía “Programa FACE de Forestación (PROFAFOR) del Ecuador S.A”, que reconoce representar intereses de la Stichting Forests Absorbing Carbondioxyde Emisión (“FACE”) fundada en 1990 por iniciativa de N.V. Samenwerkendende elektriciteitsproduktiebedrijven (“Sep”), la Junta Holandesa de Generación de Electricidad para llevar adelante forestación y/o reforestación en áreas apropiadas en cualquier lugar del mundo con especies adecuadas para compensar parcial o totalmente las emisiones de dióxido de cárbono. Esta empresa ha suscrito contratos con muchas comunidades en Esmeraldas y a lo largo de toda la región Andina del Ecuador. Los contratos contienen una cláusula que da a FACE PROFAFOR el derecho exclusivo de captar y compensar el CO2 en el área. La Comunidad no podrá vender, otorgar o disponer de dicha captación y compensación para sí o para terceros.

Acciones y omisiones del Estado y otros agentes

142.El Congreso Nacional no ha legislado, como era su obligación constitucional, en el lapso de un año a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado en 1998, la legislación secundaria adecuada a la exigibilidad de los Derechos Colectivos que dicha norma superior garantiza a las Nacionalidades y Pueblos Indígenas.

143. Las diversas instancias del Poder Ejecutivo del Estado Ecuatoriano no garantizan de ninguna manera los derechos que por ancestralidad o reconocimiento explícito en diversas normas legales, tienen las comunidades indígenas Kichwas de la región interandina sobre sus ecosistemas frágiles o sobre el cuerpo territorial que tradicionalmente ocupan.

144.Las políticas públicas para la regularización de tierras y territorios ha sido relegada a un programa del Banco Mundial, denominado PRATT, deslindando la responsabilidad estatal de generar un marco equitativo de tenencia legal de tierras y territorios. Es sobre este marco que se regularizan varias de las propuestas de conservación, como las de Pago por Servicios Ambientales, despojo legal de pequeños predios de indígenas, afroecuatorianos y campesinos, enajenación por préstamos de pequeñas propiedades. En definitiva se trata de la conversión absoluta de las tierras y territorios en mercancías de un mercado global.

145.El Estado Ecuatoriano ha privatizado la gestación de sus políticas, ordenamientos, propuestas de normas y formas de manejo ambientales. Todas estas regulaciones normativas o de ejecución, e incluso, las políticas públicas mismas son normalmente encargadas en los últimos años a personas de derecho privado y normalmente financiadas con recursos procedentes de deuda pública o la caja fiscal. En muchos casos, como es el del manejo ambiental de páramos y fuentes de agua, el encargo de procesar y sistematizar las políticas públicas y su normatividad, recae en actores privados u organismos no gubernamentales con intereses ciertos en que las actividades de conservación recaigan sobre sí mismos o sobre algunos de sus propios asociados.

146.La responsabilidad sobre el régimen seccional autónomo: Consejos Provinciales y Concejos Municipales, bajo la forma de asesorías  y dando vida al esquema de descentralización, se gestan o ya se han legislado normas que atienden a un esquema de conservación ambiental, sin regulaciones que sustenten y garanticen el orden de los derechos de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas.

Las violaciones a los derechos de las comunidades Kichwas Interandinas

147.Respeto a la especificidad cultural de los Pueblos: El estado no garantiza el reconocimiento a la diversidad cultural, prácticas y saberes de los Pueblos; así como, a la priorización que los Pueblos indígenas realicen sobre su desarrollo se llevarán adelante medidas para proteger en pie de igualdad el conjunto de derechos que sus miembros y comunidades tengan.

148.Tierras y Territorios: no se aplica el concepto garantizado por el estado ecuatoriano de territorios, que nos remite al conjunto de componentes que incluye el hábitat sobre el cual los Pueblos indígenas de manera histórica vienen desarrollando sus culturas propias.

149.Derecho sobre Recursos Naturales y Derecho a la Consulta: El estado no da cumplimiento al derecho mediante el cual se garantice a las comunidades indígenas kichwas una protección especial sobre los Recursos Naturales que se encuentren en su territorio. Para el caso de los páramos este derecho implica un reconocimiento, protección y garantía plena a las formas de manejo integral que dichas comunidades realizan. Asimismo, el estado no garantiza el derecho a la consulta previa e informada, antes de que el estado promueva, regule o autorice cualquier tipo de intervención sobre los recursos de su territorio.

Recomendaciones

La CONAIE solicita al Relator de Naciones Unidas para los Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas recomiende al Estado Ecuatoriano:

150.Cumpla con el ordenamiento Constitucional y los compromisos adquiridos al suscribir el Convenio 169 de la OIT en relación a generar las regulaciones y marco legal adecuado a la garantía plena de los derechos territoriales de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador.

151.Recomendar al Honorable Congreso Nacional de la República del Ecuador considerar en el ejercicio de la legislación una participación plena e informada de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas en todos los temas que pretendan normativizar los aspectos referidos a sus derechos.

152.Recomiende al Honorable Congreso Nacional suspender el tratamiento del proyecto de Ley para la Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad, por cuanto las Nacionalidades y Pueblos Indígenas en su II Congreso lo han analizado y encuentran contradicciones de fondo para la exigibilidad de sus Derechos Fundamentales como sujetos colectivos de Derecho de ser aprobado dicho cuerpo legal.

153.Recomendar a las autoridades Ambientales, encabezadas por el Ministerio de Ambiente, defina el conjunto de sus intervenciones en base al rol estatal de garantizar plenamente el ejercicio de los derechos territoriales y de consulta de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, recuperando la soberanía y potestad del Estado para definir de manera pública sus políticas y normas.

154.Recomiende a las autoridades locales que al generar propuestas y normativas, partan del respeto pleno al Sistema de Derechos Humanos que protegen las tierras y territorios de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, habida cuenta de la responsabilidad que como Estado les corresponde.

155.Recomendar a las organizaciones de la cooperación internacional y organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil ecuatoriana un diálogo real y respeto auténtico por el conjunto de derechos colectivos de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas en todas sus intervenciones.

156.Recomendar a las autoridades ambientales estrictas medidas de defensa y garantía de los derechos territoriales indígenas y la revisión de las actuaciones de la compañía FACE PROFAFOR que en sus contratos impone un  modelo de pago por servicios ambientales de captación de dióxido de cárbono en exclusiva limitando gravemente los derechos de las comunidades indígenas al ejercicio real de sus territorios por lapsos de no menos de treinta años.
V. II.Nacionalidad Awá

Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz
Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial
Declaración sobre el derecho al desarrollo
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado el 6 de marzo de 1969 por el Estado ecuatoriano
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes
Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres


Caso
98.El Pueblo Awá fustigado por un conjunto de acciones vinculadas al denominado Plan Colombia, tales como las fumigaciones, la intervención de elementos de las FARC, de militares Ecuatorianos y Colombianos, influencia en todos los ámbitos del narcotráfico, migración producida por la violencia del conflicto interno colombiano. Y de otra parte, la intervención sobre los recursos naturales y el territorio desde las empresas madereras, los palmicultores, las normativas del Ministerio del Ambiente del Ecuador y actores privados de la conservación.

Antecedentes

99.La nacionalidad Awá se encuentra conformada por 31.000 miembros  sobre un territorio colectivo remanente de 360.000 has ubicados en el noroccidente del Ecuador (provincias de Carchi, Esmeraldas e Imbabura) y en el sur de Colombia (departamentos de Nariño y Putumayo). La Nacionalidad mantiene un idioma y una cultura ancestrales: el Awá-pit, se encuentra organizada en cuatro organizaciones. En el Ecuador en la Federación de Centros Awá del Ecuador (FCAE), y en Colombia en el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (CAMAWARI), la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo (ACIPAP). Se encuentran ubicados en  las parroquias de Tululbi y Mataje, del cantón San Lorenzo, de la Provincia de Esmeraldas y en las parroquias Chical, Tobar Donoso y Jijón y Caamaño, de los cantones Tulcán y Mira, de la provincia del Carchi.  El territorio se encuentra en las estribaciones occidentales de los Andes, desde los 80 m.s.n.m hasta los 2200 m.s.n.m. son habitantes ancestrales de la región Biogeográfica del Chocó, un área que se extiende a lo largo de la costa pacifica de Sur América desde el sur de Panamá a través de Colombia y terminando en el noroccidente Ecuatoriano.

100.La Federación de Centros Awá del Ecuador (FCAE) es una organización indígena de segundo grado con fines sociales, jurídicamente reconocida mediante acuerdo ministerial N° 912 del 15 de julio 1987 y Nº 3340 del 7 de septiembre 2001 del Ministerio de Bienestar Social, que representa a 22 centros comunales Awá jurídicamente constituidos con un total de población de 3.445 habitantes asentadas en 115.000 hectáreas de tierras comunales adjudicadas por el estado ecuatoriano ubicadas en las provincias de Carchi, Imbabura y Esmeraldas, en el Noroccidente del Ecuador. El territorio Awá ha sido reconocido por el estado ecuatoriano mediante diferentes acuerdos ministeriales: 1. Linderación del área de Asentamiento Tradicional de la Comunidad Indígena Awá por el Ministerio de Agricultura y Ganadería mediante Acuerdo ministerial Nº 016 el 13 de septiembre de 1986, 2. Posesión ancestral de la Comunidad Indígena Awá por el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN) mediante Resolución Nº 008 del 15 de febrero del 1995 y 3. Adjudicación de tierras por el Ministerio del Ambiente el 23 de enero 2006.

101.Prácticamente el total de la población del territorio Awá vive en extrema pobreza y hasta por debajo de otras Nacionalidades indígenas en el Ecuador, de acuerdo al estudio del Programa Mundial de Alimentos PMA de las NNUU, 2005. Esta situación se debe a la ausencia y falta de atención de las autoridades e instituciones estatales ecuatorianas en el territorio Awá y sus inmediaciones. Ninguna comunidad Awá cuenta con servicios básicos de infraestructura, como son vías de acceso (con la excepción de Guadualito), electricidad, teléfono, agua potable, alcantarillado, centro de salud, colegio secundario, comisariato local.

102.Esta región contiene los bosques más húmedos en la región andina y es reconocida internacionalmente como una de las áreas de mayor diversidad biológica en el planeta y una de las más amenazadas. Se convierten los territorios Awá en los remanentes bosques tropicales más grandes que quedan en las Costas Ecuatorianas .

103.Existe por un lado presencia de grupos Colombianos en el territorio Awá ecuatoriano, y por el otro lado, permanentes patrullas y campamentos temporales del ejército Ecuatoriano en diferentes sitios del territorio, lo que provoca temores en la población local. Muchos Awá ecuatorianos tienen familia en las zonas de asentamiento tradicional Awá en Colombia, que en los últimos años han sido lugar de combates entre diferentes grupos armados y de fumigaciones aéreas, por lo cual viven en constante miedo. De esta manera, en el marco de una ofensiva del ejercito Colombiano en el territorio Awá en Colombia en junio 2005 se mato “accidentalmente” un indígena Awá, otros fueron secuestrados y maltratados, y más de mil indígenas abandonaron sus fincas y buscaron refugio en áreas más seguras, unos hasta en el Ecuador. Además, muchos Awá ecuatorianos trabajan periódicamente en áreas cercanas en Colombia, donde incluso algunos tienen fincas.

104.En el marco del mismo Plan Colombia, en el departamento de Nariño, se están fumigando grandes áreas con una mezcla de glifosato y de otras sustancias, desde avionetas lo que afecta también la población y tierras en el Ecuador en lo referido a la salud humana, la flora y fauna de la que dependen para el desarrollo de su vida y la biodiversidad de su territorio. Con el objetivo de implementar el Plan Colombia se ha realizado  la apertura y pavimentación de dos nuevas vías que penetran la zona desde Ibarra y Esmeraldas, además   se han construido instalaciones militares. De esta manera la zona ha devenido en un verdadero centro de conflicto de la guerrilla, el narcotráfico y afecta de manera directa a las Nacionalidades Awá y  Chachi y los afro ecuatorianos, que habitan en todo el cordón fronterizo del noroccidente ecuatoriano. Otro fenómeno consecuencia de estas acciones es la migración de miembros de estos grupos humanos hacia ciudades en las cuales van aculturizándose a más de constituirse en parte de la población empobrecida o miserable.

105.El estatus  legal  de Reserva Étnica Awá declarada como tal desde el 20 de diciembre de 1994 dado por el Ministerio de Relaciones  Exteriores, indica “La Unidad Técnico para el Ecodesarrollo de la Amazonía y Plan Awá ( UTEPA), dependiente de la Cancillería, lleva adelante el proyecto de adjudicación y  escrituración comunitaria del territorio de la Reserva Étnica Awá, cuya primera fase se cumplió en coordinación, con le Ministerio de Agricultura y Ganadería, entidad que mediante Acuerdo Ministerial N 01 de 13 de Septiembre  de 1988, fijo los linderos del área de asentamiento tradicional de la comunidad indígena Awá y se declaro como reserva étnica y forestal”.

106.En el año 2006  el Ministerio de Ambiente cambia el status legal de la Reserva Etnica Awá por la de Bosque Protector. Esta última expresión esta implicando en su aplicación que el Ministerio del Ambiente extenderá las licencias de aprovechamiento forestal  entrando en colusión con los derechos territoriales de la nacionalidad.

107.Las empresas madereras y sus subcontratistas e intermediarios han explotado prácticamente todos los bosques en el norte de Esmeraldas y presionan los centros Awá en Esmeraldas y en el Carchi (zona de Río Tigre - Las Golondrinas) para que les vendan sus árboles. También diferentes grupos de colonos, especialmente de la zona de Ricaurte, están aprovechando ilegalmente maderas en la zona. Las empresas madereras entran en las comunidades con diferentes estrategias, entre ellas el ofrecimiento de dinero, la construcción de vías, escuelas, centros de salud, el pago de profesores, etc., violando las leyes y derechos constitucionales y convenios internacionales de los Pueblos indígenas. Las empresas que han trabajado dentro o en áreas directamente aledañas al territorio Awá en los últimos dos años son: Grupo Álvarez Barba; Plywood Ecuatoriana S.A.; Contrachapados de Esmeraldas S.A. (CODESA); Grupo Peña Durini; y, Servicios y Trabajo Forestales S.A. (SETRAFOR).

108.Según datos del Ministerio del Ambiente en los años 2004 y 2005 se otorgaron cinco licencias de aprovechamiento forestal industrial (extracción mecanizada con maquinaria pesada) dentro del territorio Awá. Las cinco licencias fueron otorgadas por el Ministerio del Ambiente y SIN autorización de los miembros de la Nacionalidad Awá ni del presidente de la FCAE . La FCAE ha iniciado varias denuncias en las oficinas del Ministerio del Ambiente y juzgados civiles contra madereros por la extracción ilegal de maderas del territorio Awá, entre ellos contra Plywood Ecuatoriana / Guido Rodríguez y SETRAFOR.

109.El 8 de agosto 2002, el ex presidente Gustavo Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 2961, elaborado en conjunto por los Ministerios del Ambiente, Agricultura y Relaciones Exteriores y empresas palmicultoras . El decreto designa para uso agrícola un área de aproximada de 60.000 has (entre ellos partes del territorio Awá y 5.000 has de Patrimonio Forestal del Estado) del cantón San Lorenzo. El objetivo del decreto es legitimar las tierras que varias empresas palmicultoras han adquirido ilegalmente, ampliar su superficie y legalizar la tala de bosque que han realizado durante años sin contar con permisos ni estudios de impacto ambiental, ni tomar en cuenta a las comunidades locales.

110.En la zona de San Lorenzo las empresas palmicultoras han talado hasta la fecha unas 9.000 has (estimación) de bosques y las han convertido en plantaciones de palma africana. Las empresas siguen comprando tierras y talando bosque para plantaciones que llegan hasta el límite del territorio Awá. Con la compra de los terrenos y su encerramiento y vigilancia por custodias privados armados las empresas bloquean los caminos ancestrales de acceso y salida al territorio Awa.

111.Los centros Awá afectados son Guadualito, Mataje, Balsarenio, Pambilar y La Unión. En Guadualito quedaron contaminados las vertientes de agua usados por la comunidad lo que hizo necesario la construcción de un nuevo sistema de agua potable realizado por la Organización Internacional de Migraciones (OIM) en 2005.

112.Existen varias concesiones mineras para la exploración y explotación de oro en el territorio Awá, que fueron otorgados por el Gobierno ecuatoriano en la década de los años 80. Desde su conformación, la FCAE se ha resistido a que empresas mineras entren en su territorio para realizar estas actividades. Dentro del territorio Awá están afectados el sector de Canumbí-Tobar Donoso y el centro Awá La Unión – Río Tululbi.

Acciones y omisiones del Estado Ecuatoriano en relación a la Nacionalidad Awá

113.El poder Ejecutivo y Legislativo ha violado el conjunto de los Derechos Humanos que se encuentran obligados a garantizar a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, al suscribir convenios y acuerdos para la implementación del Plan Colombia.

114.Los Ministerios de Relaciones Exteriores, Salud Pública y Ambiente han omitido sus obligaciones con la salud humana y ambiental al no realizar acciones de control y erradicación de las fumigaciones tóxicas en la zona de frontera que avanzan sobre el territorio ecuatoriano.

115.El Ministerio de Ambiente del Ecuador ha incumplido su rol de controlar la deforestación en bosques nativos ampliando el ámbito de acción para las empresas madereras y concediendo permisos a empresas palmicultoras.

116.El Ministerio de Energía y Minas ha violado los derechos territoriales, a la consulta y Consentimiento Fundamentado previo de la Nacionalidad Awá al otorgar concesiones para la exploración de oro.

Las violaciones a los derechos de la Nacionalidad Awá del Ecuador

117.Derecho a la Vida y la integridad: Este derecho se encuentra conculcado por la continua intervención militar de diversos ejércitos sobre el territorio Awá, que ponen en riesgo permanente con sus ejercicios y ataques a los miembros de los Pueblos de frontera y en particular de esta nacionalidad. La Salud de los ecosistemas base de la vida de este pueblo también se encuentra en riesgo terminal por cuanto la intervención militar del Plan Colombia incluye fumigaciones y aspersiones químicas que se expanden y contaminan salud humana y ecológica.

118.Derecho a sus tierras y territorios: Debido a las concesiones forestales, la acción de las palmicultoras y la denominada “tala ilegal” se ha ocasionado la deforestación de grandes áreas y pérdida de biodiversidad, el cambio del clima local.  También, la contaminación química de los cauces del agua debido a los agroquímicos, aceite de motor y deshechos de las plantas procesadoras. Igualmente los químicos utilizados para la minería. Desaparecimiento de la fauna y flora.

119.Derecho a no ser desplazados: Tanto por la implementación de acciones militares, como por la acción de madereros, palmicultores y mineros que incluyen agentes paramilitares para su protección, se esta dando un grave y constante problema de desplazamiento de la población local y pérdida de las fuentes de sustento tradicionales como son los cultivos rotativos, la cacería, pesca y recolección. También el cierre de caminos ancestrales de acceso y salida al territorio Awá.

120.Derecho al respeto a su integridad cultural: el estado, los empresarios e incluso la presencia de grupos misioneros y religiosos  configuran un escenario donde se irrespeta la diversidad de la cultura de la Nacionalidad Awá, se irrespeta el derecho a sus autoridades tradicionales, la toma de decisiones y autodeterminación; se genera un marco de división interna por creencias extrañas y se alimenta la pérdida de la cultura propia y de las creencias ancestrales.

Recomendaciones:

Se solicita al Señor Relator de Naciones Unidas recomiende a las diversas instancias públicas:

121.Recomiende al Estado rescinda los compromisos adquiridos en la implementación del Plan Colombia por cuanto debe reafirmar su soberanía.

122.Recomiende a los ministerios de Relaciones Exteriores, Salud Pública y Ambiente del Ecuador tomar las medidas para erradicar las fumigaciones tóxicas que afectan al territorio ecuatoriano; y, aquellas referidas a una real remediación sobre los Pueblos afectados y los ecosistemas naturales o agrícolas contaminados.

123.Recomiende al Ministerio de Energía y Minas revise las concesiones otorgadas para la explotación aurífera y rescinda las ilegales.

124.Recomiende al Ministerio de Ambiente del Ecuador la revisión de todas las licencias de concesión forestal y de desarrollo de cultivos exóticos que ha otorgado en el territorio de la nacionalidad Awá del Ecuador, para que se realicen en el marco de los Derechos Colectivos.

125. Que recomiende al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo,  generar mecanismos que garanticen el pleno ejercicio de la consulta libre e informada y el consentimiento fundamentado previo sobre el territorio, la diversidad biológica y los planes de manejo del territorio de la Nacionalidad Awá.
VI. Derechos Políticos y a la No Discriminación

Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz
Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial
Declaración sobre el derecho al desarrollo
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado el 6 de marzo de 1969 por el Estado ecuatoriano
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes
Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres

Caso

176.La CONAIE y la mayoría de sus organizaciones de Nacionalidades y Pueblos, así como, sus organizaciones regionales ECUARUNARI, CONFENIAE y CONAICE  ha sufrido la represión y violencia del Estado frente a las acciones de lucha y resistencia que realizaron en los meses precedentes en contra de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de América y Ecuador. Se reprimieron las manifestaciones, se detuvo masivamente a miembros de comunidades, se hostilizaron dichas acciones, y hubieron heridos de armas de fuego, detonaciones de bombas lacrimógenas, se obstaculizo el derecho al libre tránsito de los indígenas; así como, dos líderes comunitarios perdieron la vista fruto de la agresión con bombas.

Antecedentes

177.La CONAIE desde el inicio de las negociaciones encaminadas para la suscripción de un Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Estados Unidos, presenta en reiteradas ocasiones su rechazo ante las instancias estatales correspondientes.

178.La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE convocó hacia noviembre del año 2005 a movilizaciones en contra de las negociaciones y pretendida suscripción de un Tratado de Libre Comercio entre el Estado Ecuatoriano y el estadunidense. Hacia Quito, capital de la república, confluyeron alrededor de diez mil miembros de comunidades indígenas pertenecientes a la región Costa, Sierra y Amazonía. Estos realizaron una serie de marchas pacíficas permanentemente reprimidas por la fuerza pública con bombas lacrimógenas, persecución militar y hostigamiento a los líderes por parte de los personeros del régimen del presidente Alfredo Palacio.

179.El 13 de Marzo del año 2006 la CONAIE inicia un conjunto de acciones de resistencia y rechazo al mismo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Ecuador, en tanto se habían realizado anuncios oficiales de que en esos días se abordarían las últimas negociaciones entre los países.

180.Las acciones fueron emprendidas en los ámbitos locales. Fundamentalmente las comunidades indígenas realizaron bloqueos de carreteras y vías de acceso, con el objetivo de expresar su descontento y oposición al Tratado y las consecuencias que  ocasionaría de ser suscrito y puesto en ejecución. Estas acciones se realizaron entre el 13 y el 23 de marzo, en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Loja (Región Andina – Sierra); y en Esmeraldas y Guayas. Es decir, en los territorios de asentamiento tradicional de las Nacionalidades Kichwa, Awá, Epera, Chachi y Huancavilca del Ecuador. Asimismo, las comunidades casi a diario realizaron marchas hacia las ciudades, mítines y actos de presencia pública para difundir sus opiniones y demandar una democratización y transparencia en los procesos de negociación.

181.En estas acciones la represión militar y policial fue permanente. Incluso en horas de la madrugada miembros de comunidades indígenas tuvieron que defenderse de manera iniquitativa contra miembros de la Policía Nacional y el Ejército que pugnaban por disolver las manifestaciones y acciones. La represión fue realizada por miembros de Policía y Ejército fuertemente apertrechados con armas de fuego y bombas lacrimógenas, que fueron utilizados y que causaron la lista exhibida en parágrafos posteriores, de heridos y detenidos.

182.En las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo y Cañar miembros de la Policía y el Ejército incursionaron militarmente en territorios de las comunidades indígenas.

183.Ochenta y cinco líderes mujeres y hombres de las Nacionalidades indígenas de la Amazonía Ecuatoriana salieron desde la provincia de Pastaza en caminata desde el sábado 11 de marzo, con el objetivo de ir difundiendo las razones de la oposición al Tratado de Libre Comercio y las demandas propias de este grupo regional. A lo largo de esta marcha se sumaron indígenas de los Pueblos de la Nacionalidad kichwa de la Sierra: Chibuleos, Salasakas, Puruhaes y Panzaleos. Al llegar a Quito, la marcha contaba con alrededor de doscientos participantes. De manera significativa hubo participación de miembros mujeres y hombres de la comunidad de Sarayaku.

184.En contra de esta marcha existieron agresiones permanentes a lo largo de todo el camino. Recrudecieron las acciones de la policía y el ejército ecuatoriano a medida que los caminantes indígenas se aproximaban a la ciudad de Quito. Casi todos los caminantes, a más de las consecuencias físicas y de salud quebrantada por diez días de marcha, sufrieron las agresiones de hostigamiento, persecución, detenciones provisionales en recintos militares o a la vera del camino, bombardeo con bombas lacrimógenas a la entrada y salida de las ciudades recorridas en las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Pichincha. Muchos sufrieron también impactos de las bombas y consecuencias de la persecución física de los agentes. La marcha intento ser dispersada al menos en ocho oportunidades en diversas partes de su trayectoria.

185.Los miembros del Gobierno Nacional, sobre todo los del Frente Político, impulsaron explícitamente una acción de Racismo Estatal utilizando todas las formas de expresión pública en los medios masivos de comunicación. Los contenidos emitidos en contra de los principales dirigentes de la CONAIE y de su filial interandina la ECUARUNARI, (1) intentaron desfigurar su imagen pública en cuanto a la legitimidad de las personas; (2) fueron calumniosos pues atacaban la integridad moral y política, así como, la referencialidad pública de estos actores; (3) realizaban una apología del racismo convirtiendo en “enemigos” a los Pueblos indígenas por haber realizado acciones de resistencia en contra de una negociación que entraña intereses intergeneracionales y generales de las ecuatorianas y ecuatorianos. Esta práctica pudo configurar un clima de confrontación racial entre diversos sectores de la población.

186.Lista de Heridos en la Movilización por la Vida de la CONAIE, marzo del 2006  . Las heridas fueron causadas por armas de fuego, balas de goma, bombas lacrimógenas, golpes de toletes, patadas, puñetes; provocando pérdida de miembros, fracturas de huesos, contusiones fuertes y leves y heridas de diversa gravedad.

187.Provincia de Imbabura: Pueblos Otavalo, Natabuela y Kayambi: Ernesto Cabascango, Señor Sánchez, Farinango, Juan Carlos Puruncajas, Alberto Segovia, Rafael Pérez, Alonso Antamba, Manuel Gordón, Segundo Cauguasqui Aguilar, Ambrosio Pedro Guamán, José Luis Anguayo, Segundo Eras, Julián Cacuango, Luis Males, Enrique Pineda, Humberto Ipiales, Alberto Cushcagua, Gonzalo Segovia, Alberto Putosí Morales, Calora Morales Lechón, Luis Guamán, Segundo Morales, Alonso Cachimuel, Francisco Andrango Cabascango, Francisco Burga, José Guamán, José Putosí , María Sebastiana Gualacata  y Martina Jetacama.

188.Provincia de Pichincha  - pueblo Kayambi: José Alberto Cabascango , Galo Cabascango, Avelino Quilo, Carmen Farinango.

189.Provincia de Cotopaxi: Pueblo Kichwa de Cotopaxi: Marco Sillo, Leonidas Iza y Carlos Vargas.

190.Provincia de Chimborazo, Pueblo Puruhae: Olga María Abimañay Poma, Lorenza  Cujilema Guacho Pedro Vicente Guacho Yambay – CI C. No. 060402869-6,  Santos Conya León C.C. No. 060171363-9,  Manuel Mocha,  Segundo Chafla minusválido de la comunidad, Santos Conya León,  Pedro Vicente Guacho Yambay.

191.Provincia de Loja: Julio Guayllas y Manuel Asunción Sarango.

192.Provincia de Zamora:  Carmen Gueledel, Tupak Mayta, Miguel Tene, Ángel Saca, Luis Paqui, Manuel Guamán.

193.En cuanto a las personas que fueron detenidas durante las diversas acciones, se dieron muchos casos de secuestros repentinos y temporales por parte de miembros del ejército y la policía contra mujeres y hombres indígenas. Éstos eran llevados, en varios casos golpeados brutalmente, asediados, ultrajados a la vera del camino o a recintos militares, sufriendo todos por el desconocimiento de sus comunidades de su desaparición. Asimismo, los militares y policías irrumpieron en las comunidades y casas de indígenas en varias provincias con el objetivo de detenerlos.

194.Detenidos provincia de Cañar: Gabriel Guamán, Cesareo Guamán, Isidro Pichisaca, Anastasio Pichisaca, Magdalena Pulla, Tránsito Zumba y Vicenta Chuma. Cesareo Guanoquiza, Segundo Cocha y Jorge Caillagua.

195.En la ciudad de Quito se realizaron mítines y marchas durante todos los días en los cuales a la Caminata Amazónica se sumaron miembros de muchas comunidades de otras Nacionalidades  y Pueblos Indígenas. En la marcha de Quito del día miércoles 22 de marzo la policía detuvo a: Julia Guaña, Tupak Mayta, Filian Pilo, Oscar García , Oscar Gansino, Byrón Pilataxi, Gustavo López, Julián Bustillo, Julián  Félix, Patricio Endara, Julián Calderón, Filian Pinos, Moi  Enomenga, Nixon Hauri y Nixon Uyungari.

196. Provincia de Esmeraldas – Nacionalidad Awa: Julián   Canticuz, Felipe Cuajiboy, Alfonso Pai, Silvio Alvarez, Alirio Pai, Presidente Guadualito, Lorena Duque, Jorge Pai y su esposa. Estuvieron detenidos por cuarenta y ocho horas catorce miembros de la nacionalidad Awá, sin embargo la comisión respectiva de la CONAIE no pudo recabar todos sus nombres.

197.En relación a estas listas de heridos y detenidos, existen muchos que fueron detenidos de manera momentánea o que no tuvieron heridas de consideración, por lo cual las listas expuestas en el presente informe no son exhaustivas.

198.Desde la CONAIE se tomaron varias acciones encaminadas a liberar a los detenidos mediante Habeas Corpus a los alcaldes de las respectivas ciudades en las cuales se encontraban presos. Asimismo, la CONAIE realizo un petitorio de Medidas Cautelares con la CEDHU a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se realiza el seguimiento de los procesos ante las oficinas de la Fiscalía y se hace un seguimiento para demandar las indemnizaciones por los heridos durante las movilizaciones.

199.En procura de evitar que más personas pertenecientes a los Pueblos indígenas lleguen a Quito, la policía nacional y los personeros del régimen amenazaron constantemente y por los medios de comunicación. Asimismo, realizaron permanentes redadas en las carreteras y accesos por todas las vías a Quito, llegando a criminalizar a indígenas mujeres y hombres por el temor de que varios de ellos lleguen a ejercer su derecho a manifestarse, y, dando por hecho que carecían del derecho a transitar libremente.

200.A partir de las acciones de movilización impulsadas por la CONAIE el gobierno nacional decide generar un cierto espacio de información sobre los contenidos normativos del tratado de libre comercio entre Estados Unidos de América y Ecuador; así como, de manera ligera de ciertas consecuencias que su suscripción podría ocasionar.

201.El Gobierno Nacional decreta el Estado de Emergencia en cuatro provincias y dos cantones. Esta medida vulnera varios derechos fundamentales. Se inscribe dentro de una lógica de represión y discriminación en contra del movimiento indígena ecuatoriano. De hecho, tras las acciones emprendidas por la CONAIE, otras organizaciones indígenas y sociales realizan marchas simbólicas y pacíficas en contra del TLC, sufriendo el conjunto de restricciones a la libertad ciudadana en cuanto el Decreto de Emergencia duro por varios días más.

202.En la ciudad de Cuenca fruto de manifestaciones contra el TLC y en apoyo a las acciones de protesta de la CONAIE muere Johnny Montesdeoca, menor de edad, estudiante de bachillerato por recibir impacto de bala. Posiblemente la investigación sobre este lamentable deceso aclare la responsabilidad de la fuerza pública.

203.En los balances preliminares que la CONAIE realiza mediante una Asamblea de Nacionalidades y Pueblos realizada el 31 de marzo en territorio Salasaca , se valora que las acciones impulsadas logran posicionar el debate ciudadano sobre el Tratado de Libre Comercio y se decide acudir masivamente a las organizaciones de base para complementar la información y abrir aún más el debate. Es significativo este logro como actor político de una verdadera democracia en el Ecuador.

Acciones del Estado Ecuatoriano – las violaciones a los derechos políticos de las ecuatorianas y ecuatorianos – Discriminación y Racismo

204.Los personeros del gobierno transitorio del Estado Ecuatoriano no pueden abordar un proceso de negociaciones sobre un Tratado de Libre Comercio que implica el conjunto de las normas constitucionales y legales del Ecuador, en función de algunas prerrogativas de tipo comercial y arancelario; poniendo en riesgo la lógica intrínseca en el sistema jurídico ecuatoriano, su capacidad de contener la soberanía de las ecuatorianas y ecuatorianos; y, que de múltiples estudios realizados por instituciones de Naciones Unidas – CEPAL y UNIFEM – generará efectos devastadores para la mayoría de ciudadanas y ciudadanos; así como, acabará con más del 90% de las economías y culturas agrarias que constituyen la soberanía alimentaria del conjunto de pobladores.

205.Asimismo, dicho Tratado se realiza bajo cláusulas de confidencialidad y reserva cuando un principio que soporta la constitución misma de los Estados Nacionales es la publicidad, la transparencia y la democracia.

206.Los miembros del Frente Político del Gobierno Nacional: Presidente Alfredo Palacio; General (r) Oswaldo Jarrín, Ministro de Defensa; José Modesto Apolo, Secretario de la Administración Pública; Enrique Proaño, Vocero del régimen; Felipe Vega de la Cuadra, Subsecretario y actual Ministro de Gobierno, incurrieron en actos y expresiones de “racismo estatal”, actitudes de discriminación por razón de pertenencia étnica en contra de líderes mujeres y hombres de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y de la ECUARUNARI. Asimismo, se expresaron criterios calumniosos en contra de varios de estos líderes. Finalmente y como tipo general se trato al movimiento indígena como si éste constituyese un enemigo del estado ecuatoriano, coadyuvando características de racismo y discriminación que lamentablemente la sociedad ecuatoriana y varios medios de comunicación sostienen de manera explícita o no. Así pues, en este informe se plantea que quienes fungen de representantes del estado ecuatoriano, varios comunicadores y medios de comunicación incurrieron en una apología de la discriminación racial y de racismo explícito. Más grave aún es la noción de configurar a un importante actor político y jurídico, expresamente protegido por la Constitución y los Convenios Internacionales, como es el Movimiento Indígena Ecuatoriano, en un “enemigo” de la seguridad y los intereses del estado, atentando contra los principios de la democracia, la participación política y los derechos a manifestar el disenso y las expresiones políticas de las y los ciudadanos individuales o colectivos.

207.Derecho al libre Tránsito: se amenazo públicamente a los indígenas para persuadirles de no llegar a Quito. Se ordeno un operativo policial y militar para impedir el tránsito por las carreteras a mujeres y hombres por el solo hecho de ser indígenas. Se criminalizó de esta manera una acción que se enmarca en los Derechos Fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos.

208.Derecho a la Información: en la campaña de medios masivos de comunicación que el gobierno nacional ha emprendido en relación al Tratado de Libre Comercio, utiliza a líderes de opinión comprometidos con la suscripción de este acuerdo; así como, se emiten únicamente generalidades a favor de dicho acuerdo. Esta campaña, presumiblemente, se realiza con fondos del erario público y deberían ser conducidos en aras de una real información y educación de la ciudadanía ecuatoriana; y no, como se presentan como campaña a favor de la suscripción del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Ecuador.

Recomendaciones

En el marco de la visita del Relator Especial de Naciones Unidas para la protección de los Derechos y Garantías Fundamentales de los Pueblos Indígenas, que surgió de la iniciativa de la comunidad de Sarayaku y de la CONAIE, y frente a una situación tan delicada por la contemporaneidad y las entradas políticas que la situación expuesta en los parágrafos precedentes resalta; solicitamos que recomiende a las diversas instancias del estado ecuatoriano:

209.Exhortar que el poder ejecutivo provea de las medidas para el resarcimiento moral, político y económico que sus acciones de represión ocasionaron en los heridos y detenidos, miembros de comunidades indígenas.

210.Demandar que el poder ejecutivo de una explicación clara de sus políticas de comunicación y generación de opinión en el mes de marzo que únicamente buscaban mermar la credibilidad  realizando una verdadera apología de la discriminación racial y la creación deformada sobre el movimiento indígena de una suerte de “enemigo” público. El Estado es el principal garante de los derechos humanos y sobre todo en una sociedad intercultural del respeto a la diversidad de Pueblos, la generación de criterios de tolerancia y acciones hacia una incorporación respetuosa de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas hacia los que existe reconocimiento constitucional e internacional.

211.Recomendar al Congreso Nacional fiscalice los recursos mediante los cuales se adelanta la campaña de información sobre el Tratado de Libre Comercio.

212.Recomendar a las autoridades judiciales del Ecuador realice un ejercicio de investigación de oficio sobre las acciones de allanamiento de domicilios, detenciones arbitrarias e ilegales, irrespeto al libre tránsito de las personas y uso de armas que ocasionaron heridas en mujeres y hombres indígenas; así como, la muerte del estudiante en Cuenca.

213.Recomendar a las comisiones estatales de Derechos Humanos y a la  Defensoría del Pueblo que cumplan con sus funciones relativas a la defensa de los Derechos Humanos de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas.

214.Recomendar que el Estado ecuatoriano encargue a instituciones públicas, probas y rigurosas estudios sobre los múltiples impactos de la adscripción del Ecuador a un esquema de Globalización financiera y comercial sobre la Ecología, los recursos genéticos, la vida y cultura de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas; y, las pequeñas economías familiares agrarias.

215.Recomendar al Estado ecuatoriano levantar inmediatamente las cláusulas de confidencialidad y reserva con las que se ha mantenido el proceso de negociación del TLC en desmedro del conjunto de Derechos Fundamentales de toda la población ecuatoriana.

216.Recomendar las investigaciones exahustivas sobre la violencia ejercida por el Ejército y la Policía en la implementación de una acción sistemática de represión contra los indígenas y manifestantes contra la suscripción del TLC. Tras las investigaciones y procesos judiciales la administración de justicia deberá juzgar y sancionar a todos los responsables de la represión incluyendo a los altos mandos que ordenaron la violencia.

V.IV. Resistencia de la Comunidad Kichwa de Sarayaku

Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz
Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial
Declaración sobre el derecho al desarrollo
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado el 6 de marzo de 1969 por el Estado ecuatoriano
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes
Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres

Caso
157.La Comunidad Kichwa de Sarayaku organizada en la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza OPIP, filial de CONFENIAE y de CONAIE, ha resistido

Antecedentes

158.El territorio ancestral del pueblo de Sarayaku fue reconocido por Ecuador legalmente en el año 1992 a través de la entrega de un título de dominio territorial. El 26 de julio de 1996 el Estado celebró un contrato de participación con la empresa argentina Compañía General de Combustible (en adelante la “CGC”), para la exploración y explotación petrolera de una superficie de 200.000 hectáreas de tierra, llamada Bloque 23, en la provincia de Pastaza, Ecuador. El 65% de este bloque comprende el territorio ancestral del pueblo indígena kichwa de Sarayaku. Este contrato fue suscrito sin consultar al pueblo de Sarayaku ni haber obtenido su consentimiento informado.

159.En el período comprendido entre los años 1996 y 2002, de acuerdo con información entregada por los peticionarios, la empresa CGC en varias ocasiones habría intentado gestionar la entrada al territorio Sarayaku y pretendido conseguir por métodos cuestionables el consentimiento del pueblo indígena para su explotación petrolera;

160.La CONAIE ha realizado un seguimiento constante de las actividades de resistencia de la Comunidad, manifestando de diversas maneras el respaldo del conjunto de Nacionalidades y Pueblos, en acciones judiciales y foros internacionales.

161.En la última audiencia llevada  el día lunes 13 de marzo de 2006 en la ciudad de Washington  D.C., se llevo a cabo una nueva audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro del caso del Pueblo kichwa de  Sarayaku. En dicha audiencia , el estado Ecuatoriano presento cuatro testigos, indígenas kichwas de Pastaza, colaboradores y simpatizantes de la CGC, que testificaron en contra de Sarayaku.  Adicionalmente, el  Procurador General del Estado hizo una propuesta de solución amistosa a Sarayaku, que en síntesis consistía  en : Retiro voluntario de la empresa CGC del bloque 23, reconocimiento y disculpas publicas por violaciones de Derechos  Humanos cometidas en contra de Sarayaku, un fondo económico para el  centro- sur amazónico y reformas al reglamento  de consulta previa en materia de hidrocarburos. Luego de un arduo análisis, Sarayaku anunció al estado y a la Comisión Interamericana que consideraban que no es el momento de discutir los términos de una solución amistosa  con el Estado a la ves que reiteramos la apertura al diálogo una ves que la Comisión Interamericana  emita su resolución sobre el caso, establezca responsabilidades internacionales del estado y haga recomendaciones al estado para la reparación de las violaciones sufridas por Sarayaku y por una garantía efectiva.

Recomendaciones:

162.La CONAIE mantendrá la vigilancia y total apoyo a las acciones por la vida y en defensa del Territorio, se mantendrá vigilante de todas las acciones perpetradas por la compañía CGC, el Estado Ecuatoriano y tomará todas las medidas conducentes al cumplimiento de las medidas del sistema interamericano, así como, acudirá con la Comunidad de Sarayaku a todas las instancias internacionales en su defensa. En este sentido y con el consentimiento de la comunidad tomaremos parte activa junto a la Comunidad en el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

163.Solicitamos que el Señor Relator Stavenhagen demande y exhorte al Estado Ecuatoriano en todas sus instancias y en especial al Procurador General del Estado que observen con decisión la defensa irrestricta de la Comunidad de Sarayaku, sus derechos, su territorialidad y la vida e integridad física de todos sus integrantes, como ÚNICA guía en el procedimiento que se seguirá en la Corte Interamericana, bajo la condición de que la CONAIE no cejará en la defensa de los derechos de las Nacionalidades y Pueblos privilegiando la defensa de las mujeres y hombres de Sarayaku.
V.V Estado, petróleo y Pueblos Amazónicos

Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz
Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial
Declaración sobre el derecho al desarrollo
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado el 6 de marzo de 1969 por el Estado ecuatoriano
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes
Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres

Caso
164.Las empresas petroleras gozan de la protección de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas para el desenvolvimiento de sus actividades de exploración y extracción petrolera.

Antecedentes

165.Las Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana han sostenido una permanente resistencia a las actividades petroleras en sus territorios. Para paliar esta firmeza en la defensa de sus territorios, las empresas petroleras han diseñado diversas formas de evitar todas las acciones y protestas.

166.Existen en la mayoría de empresas petroleras departamentos de Relacionamiento Comunitario para realizar acciones supuestamente de mitigación y acercamiento social a las organizaciones indígenas. En la realidad estos funcionarios han implementado acciones de división en las organizaciones, han coptado dirigentes, han instigado incluso a la violencia entre diversas tendencias al interior de las organizaciones y han generado con la división organizaciones paralelas proclives a sus intereses y subvencionadas económicamente por ellos.

167.El derecho a la consulta libre e informada ha sido manipulado por el Ministerio de Energía y Minas al expedir el Reglamento de consulta y participación para las actividades hidrocarburíferas supuestamente para implementar los mecanismos que permitan el ejercicio de este derecho. En la realidad este Reglamento es inconstitucional, conculca los derechos colectivos a la consulta y ha generado múltiples problemas al desconocer, esencialmente, a la persona jurídica colectiva, es decir a las Nacionalidades y Pueblos. De otra parte, muchas empresas ni siquiera han cumplido con este reglamento sin que las autoridades les impongan hacerlo.

168.En varios casos, como los que enfrentan por defender su territorialidad la Nacionalidad Achuar, Shuar y la comunidad de Sarayaku, las Fuerzas Armadas del Ecuador en total desacato con sus funciones han sostenido una defensa irrestricta de los intereses, bienes y personas de las empresas petroleras.

169.En el caso del Bloque 24 concesionado a la empresa estadunidense Burlington las comunidades del Transkutuku han realizado continúas acciones de resistencia frente a las actividades de prospección  sísmica de esta empresa. Hacia el mes de enero del presente año la CONAIE tuvo noticias de elementos armados amenazando a estas comunidades. Estos paramilitares incursionaron en el territorio shuar ocasionando la quema de las viviendas de miembros de esta nacionalidad, el terror entre sus habitantes y el abandono temporal de sus casas.

Acciones y Omisiones del Estado Ecuatoriano

170.El estado a nombre de generar condiciones para la inversión en el sector hidrocarburífero ha permitido el ingreso de las corporaciones petroleras a los territorios, comunidades amazónicas y población colona. En esta región la presencia del Estado es casi inexistente. Esta situación ha coadyuvado que las mínimas acciones sociales emprendidas por las empresas petroleras sean aceptadas e incluso necesarias para el acceso a ciertos servicios por parte de la población.

171.El Ministerio de Energía y Minas ha violado la normativa constitucional al emitir el Decreto de Reglamento de consulta y participación para las actividades hidrocarburíferas en tanto este es un derecho colectivo de las Nacionalidades y Pueblos y de la población en general. La Constitución ordena que los derechos sean materia de Leyes Orgánicas. Este reglamento viola los principios del derecho a la consulta libre e informada generando una parodia de aprobación por parte de representantes civiles de organizaciones sociales. Es decir, a quienes se les recaba la consulta son representantes de personas jurídicas de derecho privado y no el sujeto colectivo Nacionalidad o Pueblo.

172.Las Fuerzas Armadas actúan en función de intereses corporativos y privados de las empresas petroleras y no de los ciudadanos, pueblos e intereses del Estado. En este marco las violaciones a los derechos fundamentales son cotidianas. Han existido actos de persecución, torturas, tratos degradantes, detenciones ilegales en contra de las organizaciones que realizan las actividades de resistencia. En el caso de Sarayaku se ha logrado elevar y documentar las denuncias de estos graves vejámenes en contra de compañeras y compañeros indígenas, y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita un pliego de Recomendaciones y Medidas Cautelares. Lamentablemente no se han aplicado.

Recomendaciones

173.Recomendar la implementación de medidas y políticas que cumplan con las Necesidad Básicas de la Población Amazónica para evitar que las empresas petroleras ejecuten sus acciones sociales, que únicamente dividen, debilitan y generan dependencias perversas con la sociedad civil de la región.

174.Recomiende la derogación del Reglamento de consulta y participación para las actividades hidrocarburíferas por su inconstitucionalidad y por ser atentatorio al ejercicio de los Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas.

175.Exhortar al Presidente de la República se suspendan por completo todas las acciones que el Ejército Ecuatoriano cumple defendiendo los intereses privados de las empresas petroleras en el Ecuador.
VII. Pueblos indígenas, Estado y Cooperación Internacional

Declaración Universal de los Derechos Humanos
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio
Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz
Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial
Declaración sobre el derecho al desarrollo
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado el 6 de marzo de 1969 por el Estado ecuatoriano
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes
Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres

Caso:
217.El Estado Ecuatoriano ha vivido un proceso de Ajuste y de Reforma Estructural en su organización y marco normativo. Esto ha conducido a una práctica de “privatizar” la gestación de políticas públicas, reducirlas a programas implementados con recursos de deuda con multilaterales o agencias bilaterales; a la adecuación de políticas y programas a condicionantes referidos a metas macroeconómicas y de ajuste fiscal, implementadas y exigidas por el Fondo Monetario Internacional y los acreedores del Ecuador. En este marco los Derechos de los Pueblos son tratados de manera instrumental o incluidos en un repertorio vaciado de la posibilidad real de exigibilidad de su conjunto.

Antecedentes

218.En 1998 fruto de la participación activa del movimiento indígena y otros sectores de la sociedad civil el Ecuador realiza una Asamblea Nacional Constituyente al mismo tiempo que el Honorable Congreso Nacional ratifica la suscripción del estado ecuatoriano al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT. Con anterioridad había un marco de derechos a los indígenas, pero el logro que la CONAIE resalta en los procesos señalados guarda relación con el reconocimiento estatal a la persona jurídica colectiva de las Nacionalidades y Pueblos indígenas.

219.Los Derechos  Constitucionales tienen que ser justiciabilizados en un ordenamiento jurídico secundario, que se debe ajustar al proceso de expedición de la ley, establecido en la carta política en los Arts. 141 y siguientes.

220.La participación del Movimiento Indígena Ecuatoriano en el sistema político se ha visto constreñida a una presencia de un 9% de diputados de su brazo electoral, frente a 91% de parlamentarios de diversa extracción partidista. Este sistema es excluyente y se limita a un modelo de democracia representativa. Es imprescindible vincular este hecho con la incidencia de diversas emergencias ciudadanas que han promovido tres defenestramientos presidenciales, como una demostración de los límites y la caducidad de este sistema.

221.El Honorable Congreso Nacional pese a haber receptado formalmente anteproyectos de ley realizados democráticamente por el Movimiento Indígena para la ejecutabilidad de sus derechos, no ha puesto en consideración estos temas legislativos, privilegiando una agenda de estado neoliberal y los clásicos amarres de la política nacional.

222.La expedición del ordenamiento secundario a los derechos colectivos de los Pueblos indígenas ha encontrado dificultades en el Congreso, como:
Lograr alianzas, a consecuencia de que los intereses defendidos por el “Movimiento de unidad plurinacional: Pachakutik”, no son los de los grandes grupos económicos representados del país.
La presencia de bloques legislativos numerosos que tienen un accionar discriminatorio, racista y oportunista, como aquel del Partido Social Cristiano.

223.En el año 2003 el movimiento indígena accede al gobierno nacional, en alianza con el partido político del Coronel Lucio Gutiérrez. Su “cogobierno” implico únicamente una cierta participación en instancias del poder ejecutivo. A más del análisis político de esta participación, a partir de la salida de la CONAIE del régimen en agosto del año 2003, Lucio Gutiérrez implementa con gran fuerza una política de división del movimiento indígena. De hecho, elementos de esa política se habían puesto en evidencia desde el inicio del régimen con la denominada política de “picos y palas”, que en contra de la perspectiva de un Estado moderno y de Bienestar, exhibía una lamentable política clientelar y miserabilizante. Miembros del partido del presidente acudían hacia comunidades indígenas a “regalar” pequeñas fundas de alimentos básicos, picos y palas con insignias de su partido; y, solicitaban a cambio la adscripción acrítica al régimen. Estas acciones, incrementadas considerablemente tras la separación del gobierno, socavo la unidad de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas.

224.El retiro del movimiento indígena de la participación en el gobierno nacional se debió al rompimiento de los acuerdos establecidos durante la campaña electoral. La CONAIE reivindico un proyecto de estado plurinacional, una democracia intercultural llena de contenidos de participación y un modelo económico equitativo, redistributivo y solidario.

225.En febrero del 2004 el entonces presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE Leonidas Iza Quinatoa, sufre un atentado criminal en contra de su vida, resultando heridos su hijo  y hermano, fruto de la agresión de un grupo fuertemente dotado y preparado con armas de fuego. El atentado se realizo en las puertas de la misma sede de la organización.

226.Por otra parte, miembros activos del Partido Sociedad Patriótica buscaron coptar y “pagar” a mujeres y hombres del movimiento indígena, en un agresivo abuso de sus condiciones de empobrecimiento y miseria monetaria; para intentar visibilizar la debilidad de la CONAIE, la incapacidad de los indígenas para llevar adelante una agenda nacional, y su categoría de “masa” que podía ser movida a propósito de cualquier apoyo. Estas acciones fueron particularmente aberrantes en un país que conoce desde 1990 la solidez de las propuestas, la legitimidad y honestidad con la cual se ha manejado el movimiento indígena. Incluso varios historiadores y cientistas sociales hablan de un Ecuador antes de la emergencia indígena y otro después. El protagonismo activo de la CONAIE ha logrado ideológica y culturalmente deponer el fantasma colonial y neocolonial del “indígena vago, ignorante”, pasando a una actoría política y jurídica fundamental en la democratización del país. Entonces, el atentado del gobierno de Gutiérrez fue en contra de la credibilidad y los valores de la sociedad civil.

227.En el caso de la Amazonía cuyo territorio único en megadiversidad biológica y enorme riqueza pluricultural requiere de una presentación exclusiva. Las Nacionalidades y Pueblos indígenas de la Amazonía en su mayoría traían consigo una lucha de décadas en contra de la explotación petrolera y minera, así como, de la explotación a sus bosques. Se constituyeron en 1985 como Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador CONFENIAE, y han sido un referente y bastión para el desarrollo de las fortalezas y capacidades del movimiento indígena ecuatoriano.

228.La propuesta macroeconómica del gobierno de Lucio Gutiérrez implicaba fundamentalmente cumplir con el pago de la Deuda Externa y las Condicionalidades impuestas por el Fondo Monetario Internacional.

229.Cabe señalar que en el Ecuador la mayoría de demandas de la población para alcanzar un mínimo de sus necesidades Básicas se encuentra realizada a través de programas atados a nuevos empréstitos del FMI, la Banca Multilateral o la cooperación internacional. Es decir las políticas públicas han sido retiradas del ámbito de acción público, del estado de bienestar y garante de las normas jurídicas, el orden público y el desarrollo social y económico.

230.En el tiempo señalado eran de importancia las relaciones con los Estados Unidos de América, China y algunos países de Europa. En ese contexto y habida cuenta de la riqueza hidrocarburífera del Ecuador, sobre todo de la Amazonía, el gobierno de Gutiérrez emprende una carrera por delimitar bloques petroleros e intentar concesionarlos a corporaciones transnacionales. A este contexto se corresponde una acción sistemática del gobierno por dividir las estructuras organizativas del movimiento indígena ecuatoriano y sobre todo amazónico. El presidente Gutiérrez buscaba “exhibir” indígenas que decían darle apoyo. La Consulta libre e informada y el consentimiento fundamentado previo eran derechos escritos en una norma legal pues con que lógica se podrían sostener y exigir con organizaciones enormemente debilitadas. El gobierno aperturo la soberanía de la Amazonía para el ingreso de toda suerte de testaferros, mediadores comunitarios de corporaciones petroleras, misioneros con religiones extrañas, y se llevo adelante una política populista y clientelar.

231.En cada una de las organizaciones indígenas de la Amazonía Ecuatoriana aparecían emisarios de propuestas llamadas de desarrollo, en todo ese territorio apadrinados por la retórica de la pobreza monetaria se ofertaban obras mínimas. Asimismo, se iba coptando para la ejecución de proyectos de conservación y/o desarrollo a líderes de todos los ámbitos organizativos. Las organizaciones mismas eran coptadas por agentes de las corporaciones. De otra parte, con la figura del derecho civil vinculada a la constitución de organizaciones jurídicas de derecho privado se dejaba sin sustento la real presencia de “sujetos colectivos jurídicos de derechos”. En este caso, se usaba la frágil figura de la representación de esas otras personas jurídicas creadas por ley o autoridad, al margen de las Nacionalidades y Pueblos para crear supuestas representaciones de autorización, sin consulta ni consentimientos de los miembros de aquellos, sobre extensos territorios para diversos emprendimientos: de explotación petrolera, minera, forestal, servicios ambientales, investigación biológica, acceso a recursos genéticos, etc. En fin, la oferta ha sido variada, el objetivo similar: los recursos y territorios amazónicos. Y el mejor vehículo: la división y agresión al tejido socio organizativo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas.

232.El Banco Mundial implementa en su lógica de “Desarrollo con Identidad” teniendo como contraparte al Estado Ecuatoriano, el FIDA y el CODENPE; el Proyecto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador PRODEPINE. Este proyecto fue ejecutado en su primera fase llegando a magros resultados en la erradicación del empobrecimiento crónico de los Pueblos indígenas , ocasionando una triplicación de las organizaciones de base, metodológicamente llamadas “organizaciones de segundo grado – osg’s”; dejando procesos productivos incipientes en todo el país sin concluir, y constituyendo una base entre dichas organizaciones vulnerable al accionar paternalista y clientelar de los actores del sistema político y de un estado que poco puede garantizar para sus ciudadanos .

233.En el gobierno de Lucio Gutiérrez continúan configurándose acciones hacia la división del movimiento indígena, la deslegitimación de sus líderes históricos y visibles. Las instituciones indígenas creadas por el Estado en el contexto de las luchas de los Pueblos y  Nacionalidades son retiradas de las formas democráticas de designación y son tomadas como parte del cuotaje del partido de gobierno y grupos prestos a colaborar en esta política.

234.La expresión más compleja de percibir los resultados de esta política de discriminación y menosprecio por las Nacionalidades y Pueblos Indígenas se da cuando frente a las manifestaciones multitudinarias realizadas en rechazo al gobierno de Lucio Gutiérrez, desde el ministerio de Bienestar Social  se comandan acciones para organizar a personas pagadas, extraídas de comunidades indígenas y traídas a cambio de compensaciones a líderes locales con el ofrecimiento de una funda de víveres. Esta acción se realizo utilizando sobre todo a miembros de comunidades indígenas de la Sierra ecuatoriana y a campesinos empobrecidos del resto del país. La imagen de actor político crítico al sistema político, con vocería sobre su proyecto de país, como es la propuesta de la CONAIE de un Estado Plurinacional con una verdadera democracia intercultural, es desvaída cuando en los medios masivos de comunicación se evidencia que dichos seguidores del partido del coronel son indígenas traídos como masa a defender su régimen. Esta presencia fue conocida como las “antimarchas” y matizada por la oferta ilimitada de licores en la plaza de gobierno a los supuestos simpatizantes, mientras a pocas calles decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos quiteños manifestaban su repudio al gobierno en enero del 2005. En las movilizaciones de abril del mismo año un agonizante gobierno recurrió nuevamente a través del ministerio de Bienestar Social a traer manifestantes armados para atacar físicamente la integridad de los denominados “forajidos”.

235.Con el defenestramiento del gobierno del Coronel Lucio Gutiérrez forjado con la “energía ciudadana” del movimiento de los Forajidos en abril del 2005, se genera un lapso de tregua de las acciones clientelares contra el movimiento indígena.  Las instituciones indígenas vuelven a ubicarse en el ámbito de designación propio de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas.

Acciones y Omisiones del Estado Ecuatoriano

236.El Estado Ecuatoriano no ha promovido ni legislado las normas adecuadas a la garantía que le compete otorgar sobre los derechos de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas.

237.El Estado Ecuatoriano no ha estructurado una agenda mínima para las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, así como, ha permitido que la definición de políticas públicas, proyectos de normas y ejecución de programas y proyectos de interés nacional – social y de desarrollo, sean realizadas por actores privados como consultoras, organizaciones de carácter privado, consultores y personal que no es parte del Estado. Esta delegación de funciones de las tareas fundamentales de un estado ha sido un retroceso en las funciones más delicadas que éste cumple como parte del contrato social que lo funda.

238.El gobierno de Lucio Gutiérrez con sus diversos colaboradores es responsable de acciones de racismo al configurar a un actor social como el movimiento indígena como uno subordinado, ignorante, una masa que se moviliza por alcanzar magros recursos.

239.El mismo gobierno impuso una política de segregación racial y coadyuvo a la pérdida de la fé pública que había constituido en la historia de la reciente democracia ecuatoriana una imagen de un nuevo actor colectivo legítimo. Intento desinstitucionalizar al movimiento indígena, logrando parcial y temporalmente sus objetivos.

240.Por sobre los Derechos Fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos, de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas el gobierno de Lucio Gutiérrez impuso la lógica de la supremacía económica, con el intento de concesionar áreas protegidas, normar y regular sobre territorios indígenas, con el solo objetivo de extraer al máximo los recursos del subsuelo de la Amazonía Ecuatoriana.

Violaciones de los Derechos de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas

241.Derechos a la plena participación Política de los Pueblos Indígenas: las políticas implementadas en el reciente gobierno de Lucio Gutiérrez conculcaron los derechos a una participación como sujetos colectivos de los Pueblos Indígenas en el plano del respeto intercultural y del conjunto de sus derechos.

242.Derechos al Desarrollo: en tanto el estado ecuatoriano ha privatizado la realización de sus políticas de desarrollo en actores privados, la consecución del PRODEPINE no fue realizada al amparo del Estado y la garantía de los Derechos Fundamentales.

243.El estado violo la autodeterminación de los Pueblos Indígenas, su imagen y dignidad al emplear acciones que intentaron convertir al Movimiento Indígena en un sujeto marginal de políticas clientelares y no un Actor Colectivo como son reconocidos los Pueblos en el Convenio 169 de la OIT y la propia Constitución ecuatoriana.

Recomendaciones

244.Recomendar que el H. Congreso Nacional cumpla con legislar los ordenamientos secundarios que viabilicen el conjunto de los derechos humanos de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas.

245.Recomendar a la Fiscalía General del Estado, a la Defensoría del Pueblo realizar las investigaciones conducentes y los pronunciamientos que le demandan las leyes ecuatorianas para definir si el gobierno de Lucio Gutiérrez implemento una política sistemática de discriminación racial contra los indígenas y destrucción de su tejido organizativo tradicional.

246.Recomendar una reestructuración del Estado de Bienestar Ecuatoriano pues únicamente este debe ejercer las funciones constitucionales de defensa y garantía de los derechos de sus ciudadanas y ciudadanos.

247.Recomendar al conjunto de instancias del Estado recuperar la institucionalidad que permitía el diseño y planificación de los intereses de toda la sociedad ecuatoriana.

248.Recomendar que el Estado Ecuatoriano delimite los espacios de definición y las condicionalidades que la Banca Multilateral, y en ocasiones de las agencias de la cooperación internacional, intentan imponerle en sus políticas y acciones.

VIII. Los derechos de las niñas, adolescentes y Mujeres Indígenas

Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz
Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial
Declaración sobre el derecho al desarrollo
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado el 6 de marzo de 1969 por el Estado ecuatoriano
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes
Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres

Caso

249.La promoción, protección y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes indígenas debe comprenderse interdependientemente de su autodeterminación como sujetas indígenas.

Antecedentes

250.El diseño y aplicación de las políticas públicas encaminadas a la promoción, protección y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes no puede superponerse a su origen étnico. Ambas condiciones traen como consecuencias mayor discriminación y vulnerabilidad para las mujeres indígenas. La superposición de normativas o de patrones etnocéntricos y patriarcales impuestos desde el Estado origina mayor violencia y precarización de la vida de las mujeres, niñas y adolescentes indígenas.

251.La CONAIE rechaza todos los mecanismos aplicados por el Estado que vulneran la interdependencia de los derechos colectivos y los derechos específicos de las mujeres indígenas: imposición de nuevas formas organizativas, imposición de políticas públicas tendientes a incluir de modo homogéneo a las mujeres en las reglas del mercado y la economía; la visión de las mujeres indígenas como objeto de políticas de protección social en tanto mujeres, niñas y adolescentes empobrecidas y/o “marginadas” y/o “vulnerables”; el diseño de políticas públicas en el campo de los servicios sociales básicos que no integran de principio la interculturalidad en la prestación de servicios y en la calidad de los mismos.

252.La pretensión de ruralizar o campesinizar a las mujeres indígenas por el hecho de habitar mayormente zonas rurales mediante políticas homogéneas en la promoción, protección y ejercicio de sus derechos.

253.La CONAIE rechaza el desconocimiento del derecho consuetudinario por parte del Estado como fuente posible de eliminación de la violencia de género y la imposición de leyes etnocéntricas con patrones patriarcales y con sistemas que reproducen discriminación étnica como la única medida de transformación de las relaciones entre géneros.

254.Las organizaciones de Nacionalidades y Pueblos Indígenas sostiene y mantendrán un trabajo comprometido y permanente para promover la activa incorporación de niñas, adolescentes y mujeres indígenas a la toma de decisiones en todo su tejido organizativo; así como, medidas preactivas para su formación integra.

255.Las niñas y niños son la posibilidad más real y cierta de subsistencia y desarrollo de las civilizaciones milenarias de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas. De esta manera son sectores prioritarios de atención para el conjunto de nuestras organizaciones. El futuro de nuestro Ecuador pluricultural es el diálogo de las culturas, el fortalecimiento de nuestras identidades y la construcción solidaria y en común con todas y todos los ecuatorianos de una Democracia Plurinacional.

Recomendaciones

256.Se recomiende que las entidades encargadas de transversalizar género en las políticas públicas en el Estado Ecuatoriano reconozcan la interculturalidad como un diálogo real y la ruta de camino sea en función del fortalecimiento de la riqueza de las culturas de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas y la defensa irrestricta de sus derechos.
Menú Vulnerabilidad Social y Riesgo
Menú Vulnerabilidad Social y Riesgo
Menú Vulnerabilidad Social y Riesgo
Menú Vulnerabilidad Social y Riesgo
Menú Vulnerabilidad Social y Riesgo
Menú Vulnerabilidad Social y Riesgo
Legislacion ambiental leyes constitucion